IU le hace un «escrache» a Zoido

La regularización de la gestión de los 48 centros deportivos de titularidad municipal de Sevilla está provocado más de un quebradero de cabeza al Gobierno local del PP. Ayer, sin ir más lejos, el alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, fue objeto de un «escrache» por parte de los miembros de un club deportivo contrario a la medida, entre los que se encontraba un representante suplente de IU en una junta municipal de distrito y que, precisamente, agredió a una persona que estaba en la comitiva del regidor.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la inauguración de la nueva sede de la asociación de la tercera edad de San José de Palmete y La Doctora. Unas 30 personas se congregaron en las puertas del recinto con pancartas de protesta y al grito de «más deporte y menos negocio». Francisco Javier Jiménez, presidente de la junta rectora del centro deportivo La Ranilla y del club Barrios Unidos, se encaró con Zoido y con el director del distrito Cerro-Amate, José Lugo, a los que acusó de «privatizar» todas las instalaciones deportivas. El regidor, por su parte, aseguró que la intención del Ayuntamiento es la de «ordenar» la gestión de estos recintos.

Los manifestantes siguieron al alcalde hasta que éste se montó en el coche oficial. Cuando se marchó, la discusión subió de tono hasta el punto de que Jiménez propinó una bofetada a Humberto Lago, director del parque Amate, en medio de un tumulto.

Una vez disuelta la protesta, Jiménez se excusó argumentando que la agresión respondía a una «provocación» de Lago. «Ha sido un tropezón. Cobro 426 euros al mes y estoy pasando necesidades en mi casa y él me ha provocado acusándome de querer lucrarme con la instalación», subrayó. De su lado, Lago anunció que denunciará a su agresor porque «no se pueden plantear las amenazas, insultos o agresiones como métodos para lograr un objetivo». También negó que hubiese provocado a Jiménez, puesto que «estaba hablando con una vecina» en el momento en el que se dirigió a él al grito de «cállate, que te doy un guantazo».

Detrás de este suceso está latente la oposición de varios clubes deportivos al proyecto del Ayuntamiento de sacar a concurso la gestión de las instalaciones, que hasta el momento venían realizando las propias entidades. Los clubes exponen que los términos económicos del concurso son superiores a sus posibilidades. En el caso concreto de La Ranilla, el Consistorio asegura que la concesión administrativa implicará un canon anual de 671 euros, aunque la junta rectora avisa de que la cifra ascenderá hasta más de 117.000 euros. ¿La causa? La inclusión de los costes de electricidad, agua, telefonía, seguridad y pólizas de seguro que, hasta el momento, venía asumiendo el propio Instituto Municipal de Deportes. Estas obligaciones no sólo las pide el actual equipo de Zoido, sino que también fueron reclamadas por el entonces delegado municipal de Deportes, Francisco Manuel Silva (IU), en 2006, en una carta dirigida a la junta rectora. En la misiva, Silva recuerda que la entidad no debe cobrar cantidades al margen de los precios públicos, tal y como estaba ocurriendo.

De esta manera, los clubes tendrían una fuente de ingresos extra, a raíz del cobro de tasas por pertenecer a equipos de fútbol, los beneficios de los ambigús y las vallas publicitarias. Además, en el caso de La Ranilla, su junta rectora estaría incumpliendo los estatutos del IMD, que contempla que estos organismos deben estar integrados por entre tres y cinco clubes, y no uno, como es el caso del club Barrios Unidos, desde la constitución de la junta en 2007.