La Audiencia enmienda a Núñez Bolaños en la causa de los avales

La Audiencia de Sevilla ha ordenado a la jueza María Núñez, que investiga presuntas irregularidades en los avales concedidos por la agencia pública IDEA, solicitar pruebas que pidió la Fiscalía y ella rechazó criticando la forma de instruir de su antecesora, Mercedes Alaya, por «empezar la casa por el tejado».

La sección primera de la Audiencia estima así el recurso de apelación de la Fiscalía Anticorrupción, al que se adhirió el PP-A, contra la negativa de la jueza a solicitar a IDEA el «cuadro refundido de la relación de expedientes tramitados entre 2000 y 2012» o el listado de empresas beneficiarias de préstamos de IDEA. También avala la petición del Ministerio Público de los informes de la Intervención de la Junta sobre los avales concedidos a Novo Comlink y Dolmen Consulting –dos de las 18 empresas beneficiarias investigadas en la causa Avales I tras la división de las diligencias hecha por Núñez– y el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de 2012 que incluye «informes de actuación de la Intervención» por los avales a Novo y Dolmen y detectó «irregularidades» en las ayudas a Grupo Gea21 y TADA S.A. La jueza Núñez rechazó estas pruebas pedidas por al Fiscalía en un auto del 26 de enero al señalar que «no resulta ajustado a derecho traer a la causa todas las ayudas en forma de aval concedidas por la Agencia entre el año 2000 a 2010, para a continuación buscar expediente por expediente a ver si se encuentra algún ilícito penal, abriendo una especie de auditoría general contra personas físicas o jurídicas, públicas o privadas».

La Audiencia mantiene la división de las diligencias realizada por Núñez de momento en dos causas, Avales I y II, y la acotación temporal de la investigación a las ayudas concedidas al amparo de la Orden correspondiente de la Consejería de Innovación de 2008.

La Audiencia también estima un recurso presentado por el PP y anula la petición a la Intervención de la Junta de un informe sobre los avales de la agencia IDEA hecha por la jueza, al considerar que excede «con mucho el objeto de una pericial» y supone «trasladar al perito la función que corresponde al instructor». Por último, la Audiencia ha reducido de 12.000 a 6.000 euros la fianza que la jueza impuso al PP-A para ejercer la acusación popular en el caso «Avales II».