La capital hispalense estudia limitar los apartamentos turísticos en varias zonas

Los apartamentos turísticos ilegales se han convertido en un serio problema para el sector. Sólo en Sevilla se calcula que hay más de 10.000 camas sin regularizar, pese a que el decreto andaluz para la legalización de este tipo de viviendas las ha reducido en torno a unas 7.000. El Ayuntamiento hispalense, que recientemente aprobó una moción en el Pleno con una batería de medidas para combatir esta competencia desleal que, además, fomenta la economía sumergida, celebró ayer una reunión de la mesa para la lucha contra esta oferta clandestina de la que sugió la idea de limitar los apartamentos turísticos en algunas zonas de la ciudad.

La realidad, no obstante, es que apenas el 8% de las inspecciones realizadas acaban en denuncia, a tenor de los propios datos facilitados por el delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera. La Policía Local ha intervenido en 268 casos, de las que 231 han sido a través de las webs y otras 37 in situ. Esto conlleva un total de 22 viviendas con fines turísticos denunciadas; cuatro locales comerciales convertidos en apartamentos que han sido denunciados, tras paralizar su actividad y no contar con ningún tipo de seguridad ni planes de evacuación; encontrándose además una estafa a través de la web de apartamentos falsos. También se ha actuado ante dos balcones de Semana Santa y siete abonos de sillas de la Carrera Oficial.Una quincena del total se halla en fase de investigación o denunciados por la Asociación de Hoteleros y, otros tantos, en trámite con la Delegación de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

«Se trata de una práctica que hace competencia desleal al sector turístico, no tributa a la Hacienda pública y además supone una estafa, a lo que suma que se vulneran los derechos del consumidor, en este caso turistas que después no saben donde acudir a reclamar», subrayó Cabrera.

En la citada mesa está presente una representación del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado, así como de los hoteleros y los administradores de fincas. Tras la reunión, y como parte de las medidas ya acordadas en el pleno, se optó por la realización de un estudio detallado para conocer en profundidad el problema de estos alojamientos ilegales, mientras que se valorarán medidas urbanísticas y fiscales para «frenar» su proliferación, entre las que se menciona limitar su instalación en determinadas zonas.

Manuel Cornax, presidente de los hoteleros, cree «muy importante hacer un estudio serio y cualificado para ver la magnitud del fenómeno, porque es totalmente nuevo, teniendo en cuenta la magnitud que está alcanzando en toda Europa». «Todos tenemos que estar en igualdad de concurrencia, con los mismos parámetros», concluyó.