La Junta se recomienda a sí misma implantar una cláusula antiamaños

La comisión consultiva de contratación aconseja incluir en los pliegos la nulidad del contrato por prácticas empresariales colusorias

Si se produjo o no colusión de empresas, esto es un pacto ilícito entre entidades que perjudicaría a terceros, en la contratación por parte de la Junta de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales es lo que se investiga en el llamado «caso Infoca» que ovilla un juzgado sevillano y en el que han sido señalados varios cargos del Gobierno andaluz. Mientras la causa sobre ese presunto amaño avanzaba, desde la dirección general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, se solicitó un informe a la Comisión Consultiva de Contratación Pública, adscrita a la red del departamento de Hacienda y Administración, vinculado a la existencia de indicios de esas prácticas en los procedimientos contractuales. Las cuestiones planteadas por IDEA estaban relacionadas con la actuación que debe adoptar la mesa de contratación correspondiente cuando, en la fase de licitación o en su ejecución, «aprecia la existencia de posibles indicios de conductas colusorias» entre las sociedades interesadas en cubrir el servicio que necesita la Administración o «éstas son constatadas». Quería saber la dirección de la agencia, entre otras cuestiones, si existe «alguna vía» por la cual la mencionada mesa pueda proponer «la exclusión de un licitador afectado» por esas sospechas en el camino hacia la adjudicación, «sin perjuicio de la obligación de comunicar dichos indicios a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía». Esta última es el órgano autonómico competente en esa materia y a la que no se comunicó nada en el caso de la asignación de los medios aéreos del Plan Infoca, pese a que un miembro de la mesa lo pidió. Con el tiempo éste se convertiría en el denunciante que arrancó el proceso judicial en curso.

La comisión consultiva analizó la solicitud de la agencia pública en un informe de 12 páginas consultado por LA RAZÓN en el que concluye con una recomendación al propio Gobierno autonómico. Avisa de que «la constatación de la existencia de la prohibición de contratar del artículo 60.1 b) del TRLCSP –Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato del Sector Público– con posterioridad a la adjudicación» produce «la nulidad del acto» de selección del adjudicatario sólo cuando «esta causa de prohibición de contratar ya existiera antes de dicha adjudicación y en consecuencia en el momento» de la misma. «Procede la resolución del contrato por la constatación de prácticas colusorias entre los licitadores –se añade– si se hubiera establecido como tal causa de resolución en el mismo», por lo que el órgano colegiado consultivo recomienda que los entes del Ejecutivo regional la incluyan en «los pliegos de cláusulas administrativas particulares» a formular. Expone también que el TRLCSP no prevé como motivo de exclusión de los procedimientos de licitación el que haya «meras sospechas o indicios de conductas colusorias», para dejar claro luego que los órganos contratantes públicos deben poner en conocimiento de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía algo. ¿A qué se refiere? Al supuesto en el que un licitador responda negativamente a la pregunta contenida en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) referente a la celebración de acuerdos entre operadores económicos «destinados a falsear la competencia», pero la mesa de contratación contara con indicios de que los hubo.

La CGT, personada como acusación popular en el «caso Infoca»

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, Ceuta y Melilla se ha personado en el denominado «caso Infoca» que arma el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, en el que se analiza si hubo presunta colusión de empresas en torno al contrato impulsado por el Gobierno andaluz para cubrir el «Fletamento de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales en las Campañas Infoca 2015-2016-2017-2018». En una providencia, consultada por LA RAZÓN, la instructora de la causa, María de los Reyes de Flores, da por personada a la CGT como acusación popular a la que se mantendrá informada de «las sucesivas diligencias». Ya lo estaba casi desde el arranque del proceso judicial otra organización, Ecologistas en Acción, y recientemente se incorporó también un partido político: Podemos. La Confederación General del Trabajo presentó además una denuncia el pasado verano ligada a contrataciones de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Junta.