La Ciudad de la Justicia de nunca acabar

Más de diez años de desencuentros, cambios de ubicación, cruces de acusaciones, entierros de proyectos y posteriores resurrecciones de plazos y diseños. Diez años en los que tan sólo se ha avanzado en la constatación de que las actuales instalaciones judiciales del Prado de San Sebastián están desfasadas y no responden a las necesidades del sector ni de los ciudadanos. La reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala el plan parcial que redactó el Ayuntamiento para los terrenos de Los Gordales –en el que se reserva suelo para la Ciudad de la Justicia– ha reabierto el debate de este eterno proyecto y ha tocado la conciencia de los políticos, empeñados en discusiones que no hacen más que bloquear iniciativas vitales para la ciudad.

La reciente reunión entre el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el consejero de Justicia, Emilio de Llera, lejos de cerrar compromisos, lo que ha hecho es emborronar aún más el futuro del complejo judicial. Por un lado, la Junta estaría de acuerdo en habilitar el proyecto en el Prado –tal y como defiende el Ayuntamiento– si se demuestra que se puede alcanzar el mismo volumen de construcción que en Los Gordales, alrededor de 120.000 metros cuadrados. Por su parte, el Consistorio asegura que no tendría inconveniente en que la obra se hiciese en Los Gordales «si es el mejor sitio y el más viable». Ambas administraciones, como es habitual, no concretaron plazos ni estimaciones presupuestarias, por lo que el complejo judicial sigue más en el aire que nunca. De la «ciencia ficción», tal y como llegó a calificar el proyecto De Llera, a un vago compromiso sin lugar decidido para su ubicación.

Ante tanta inconcreción, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, alza la voz para reclamar que este acercamiento «no se quede en un mero gesto institucional y fotográfico». «Quiero pensar que ambas administraciones están verdaderamente decididas a dinamizar un asunto que lleva más de una década paralizado», subraya, por lo que exige que, antes de que finalice el año, se cierre el acuerdo «que vincule a la Junta y al Ayuntamiento, a modo de pacto de Estado, para que los futuros titulares de estas administraciones ejecuten el proyecto». Además, pide que «se hagan los estudios preliminares y se consignen las correspondientes cantidades en los presupuestos autonómicos».

Junto a ello, Gallardo insiste en que se planteen las medidas «inaplazables» encaminadas a «adecentar las actuales instalaciones del Prado». Una inversión en conservación que «deberá estar al margen del proyecto definitivo». El colectivo siempre ha defendido la habilitación del complejo judicial en el Prado, tal y como propuso Zoido en la campaña de las últimas elecciones municipales. «Es el sitio natural», puesto que «está magníficamente comunicado con la ciudad y la provincia», con una parada de metro al lado y conexiones en autobús con muchas líneas. Además, recuerda que hay espacio disponible, suelos de titularidad pública que «permitirían un desarrollo escalonado de las obras», para «ir mejorando las infraestructuras paulatinamente». Gallardo pone como ejemplo la parcela situada frente a la estación de autobuses –en la que se iba a ubicar el frustrado proyecto de oficinas municipales de Moneo– o el solar del antiguo equipo quirúrgico.

Ahora, el contexto es muy diferente al de hace varios años, cuando las administraciones querían hacer negocio con estos terrenos. Por ello, Gallardo exige que las administraciones «dejen de defender estos suelos como si fueran una joya y, de una vez por todas, los pongan a disposición de los ciudadanos».