Política
La clarificación de competencias municipales ahorrará 2.150 millones
El PP asegura que respeta «escrupulosamente» el Estatuto pero el bipartito la ve fuera de la Constitución
Todos los ayuntamientos han estado siempre de acuerdo en un extremo: son la administración que, por su cercanía al ciudadano, más problemas resuelve pese a contar con menos recursos económicos que la administración central y autonómica. Esa proximidad obliga en muchas ocasiones a los consistorios a asumir tareas que no son de su competencia y a las que destinan un dinero que no tienen.
Pese a que ha habido algún intento de abordar esta situación por distintos Gobiernos, nunca se ha llevado a cabo de una forma contundente. El Ejecutivo central lo ha hecho por primera vez y el viernes aprobó un segundo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que avanza en esta línea.
Las medidas contemplan la clarificación de competencias bajo el principio «Una administración, una competencia» para evitar duplicidades. Se regularán los sueldos de los miembros de las corporaciones locales; se reducirán los concejales con dedicación exclusiva así como el de asesores; o se pondrá fin a las competencias impropias que volverán a la administración encargada de desarrollarla o se suprimirán si no se pueden financiar.
Este nuevo patrón de funcionamento generará, según cálculos del Ministerio de Hacienda, un ahorro en toda España de 7.129 millones de euros en el periodo 2013-2015 –2.232 millones por clarificación de competencias, 3.282 por eliminación de duplicidades, 1.397 del sector público local; 73 por mancomunidades y entidades locales menores; y 145 por ahorro de los salarios de eventuales y cargos electos–. En Andalucía, el impacto será de 2.150 millones, según el secretario general del PP-A, José Luis Sanz.
Los populares apoyaron ayer el texto que impulsa el Gobierno de Rajoy y que ha sido duramente criticado por el bipartito y los partidos que lo apoyan. Para Sanz, «la reforma respeta escrupulosamente el Estatuto» e impulsará «un nuevo municipalismo».
Para el secretario general del PP-A, la reforma permitirá acabar en Andalucía «con muchos chiringuitos que desgraciadamente rodean a la administración local». Es el caso de las mancomunidades, que en el borrador del nuevo texto desaparecerán en su mayoría –salvo las que estén saneadas económicamente– en beneficio de las diputaciones. «Han servido para colocar a ex alcaldes o ex concejales del PSOE», afirmó Sanz.
El PP también insistió en que, pese a lo que mantienen los socialistas, «no hay ni un artículo que fomente la privatización de los servicios».
La Junta ya ha anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad. El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, aportará en el Consejo de Gobierno un informe técnico para ver si invade competencias autonómicas. Será más adelante, toda vez que la norma está aún en fase de alegaciones y tiene ahora que tramitarse en el Congreso –aún no está ni aprobado el anteproyecto de ley–.
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, se apresuró a calificarla de «inconstitucional» y cargó contra el PP por «abandonar el sentido de la Constitución clarísimamente».
Mientras el Gobierno da pasos en la racionalización administrativa, algunos municipios siguen su propio ritmo. El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) aprobó ayer en pleno la composición de la comisión asociada destinada a crear un nuevo municipio a partir de la entidad local autónoma (ELA) de El Palmar de Troya.
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