La CNMC abre la puerta a «estudiar» las «prácticas licitadoras» de la Junta

Informó al denunciante del «caso Infoca» de que de momento no lo hará, como tampoco la agencia autonómica

La comisión estatal de la competencia ya declaró al Gobierno andaluz responsable de «facilitar» un cártel

El funcionario que denunció el «caso Infoca» traspasó los linderos del juzgado sevillano que lo radiografía. Denunció ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía la presunta colusión –pacto que perjudica a terceros– de empresas vinculada al contrato de «fletamiento de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales en las campañas Infoca 2015-2018» que la Junta asignó vía concurso público, como ya adelantó este periódico. LA RAZÓN ha tenido acceso ahora a la respuesta de ambos entes. De un lado, la agencia autonómica trasladó mediante un escrito al denunciante, J. G. D., que los hechos que describía «podrían ser contrarios a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia –LDC–, al margen de su posible trascendencia penal». Si bien, matizó que, dado que éstos «podrían afectar a un ámbito supraautonómico», el asunto excedía sus competencias «correspondiendo el inicio del procedimiento sancionador, en su caso, a la CNMC». Ésta, por su parte, comunicó al funcionario en un nuevo documento más extenso que había recibido «otras denuncias previas de contenido similar» en relación a la concertación entre licitadoras de medios aéreos para combatir las llamas y que incluso habían abierto diligencias previas. Pero le explicó que el que lo expuesto por él fuera también objeto de un procedimiento penal implicaba que «en caso de iniciarse una investigación formal» por parte de la CNMC, ésta «no podría ser objeto de resolución hasta la finalización» de aquél. Es más, informó a J. G. D. que habían decidido «cerrar cautelarmente» las diligencias iniciadas «sin perjuicio» de que pudieran ser reabiertas «si apareciesen nuevos elementos de juicio que sirviesen para proporcionar indicios de una posible infracción de la LDC por parte de las empresas que prestan servicios de extinción de incendios mediante aeronaves en España».

En relación a «la posible actuación anticompetitiva de la Junta» en el diseño de los pliegos de los concursos en los que se adjudicaron los contratos bajo la lupa judicial, señaló que la revisión de la actuación de ésta como poder adjudicador escapaba de sus competencias, por lo que no podría «realizar recomendaciones obligatorias» sobre los mismos. Con todo, hay matización y la comisión estatal de los mercados deja la puerta abierta a realizar «en un futuro» un «estudio sobre las prácticas licitadoras» de la Administración andaluza o de otras. «En todo caso –se recuerda en su escrito, consultado por este diario– conviene señalar que el artículo 5.4 de la Ley 3/2013 faculta a la CNMC para impugnar ante la jurisdicción competente los actos de administraciones públicas sujetos a derecho administrativo (entre otros, los pliegos de licitaciones), de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados». Una facultad que, sin embargo, no se podría aplicar en el caso de los medios del Infoca «en la medida que ya han transcurrido los plazos legales de recurso», avisa al funcionario, para puntualizar luego que su uso podría ser valorado «en futuras licitaciones» del Ejecutivo regional de las que tuviera conocimiento si considera que «de sus pliegos se derivan obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados».

En el pasado, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) –integrada en la actualidad en la CNMC– señaló como infractor al Gobierno regional, en concreto a la antigua Consejería de Agricultura y Pesca al considerarla «facilitadora» de un cártel. Este periódico ha localizado una resolución de octubre de 2011 en la que declaró a la consejería, a la Federación de Bodegas del Marco de Jerez, a la Asociación de Artesanos del Jerez y la Manzanilla, a Aecovi, a la Asociación de Empresarios Viticultores de Cádiz (Asevi-Asaja), a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UAGA-COAG) y al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez «responsables de una infracción del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del TFUE –Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea–». ¿La causa? «Haber llevado a cabo una práctica concertada para fijar los precios de la uva y el mosto, contraria a dichos artículos, en el periodo que va desde abril del año 1991 hasta al menos, marzo de 2009». Con todo, no sancionó económicamente a la Junta, como sí hizo con el resto de entes enumerados. Y ello, pese a que el consejo concluyó que, «mediante su actuación», la consejería «no sólo» había «consentido» y «amparado», excediendo «con creces» las competencias que tiene atribuidas sobre el sector, «una conducta anticompetitiva de fijación de precios»; sino que, además, había «velado por su correcta aplicación». Esta resolución fue declarada «conforme a derecho» por el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia de julio de 2016.