La corrupción, presente en las elecciones: el PP citará al dueño del club de alterne

Existe cierto convencimiento en sectores amplios del PP andaluz de que con las denuncias de corrupción no se ganan las elecciones. Este debate se ha producido en el seno del partido en alguna ocasión, ya que algunos miembros de la formación han reclamado un discurso más contundente en este sentido, frente a otros que consideran que algunos de estos asuntos están ya «amortizados». De cara a las elecciones autonómicas –cuando se convoquen– la corrupción sí estará presente.

De momento, el Parlamento acoge este viernes 28 una nueva sesión de la comisión de investigación relativa a la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desde su creación a la actualidad. Y antes de que quede extinguida por la prematura disolución de la Cámara, el PP andaluz ya tiene claro sus principales peticiones. El Grupo Popular quiere contar con los estadillos de entrada y salida de fondos de las 13 cajas fuertes que la Faffe tenía en sus diferentes sedes en Andalucía, así como el detalle de las tarjetas y movimientos que se hicieron con las mismas.

Los movimientos de las tarjetas constituyen una de las claves del caso. Existían varias. Una de ellas fue la que originó el cargo de 14.737 euros en el club de alterne Don Angelo de Sevilla. Además, existe constancia de otra en la que se cargaron 1.563 euros de gastos en tres años. Y al menos hay una tercera de la Caja San Fernando de la que la Junta no ha dado aún los movimientos.

Esa documentación irá acompañada de la citación de algunos de los principales protagonistas. La portavoz del PP en el Parlamento, Carmen Crespo, anunció que llamarán al ex director gerente de la Faffe, Fernando Villén; al ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, departamento del que dependía orgánicamente el ente público investigado; el dueño del club «Don Angelo», que ya declaró ante la Guardia Civil; así como los empresarios que denunciaron amaños en los contratos y algunos trabajadores que aparecen en el atestado del Instituto Armado.

Como la presidenta de la Junta de Andalucía tiene en su mano desactivar esta comisión convocando elecciones –o no facilitando en tiempo y forma la documentación solicitada por los Grupos–, el PP ha impulsado un plan «B». Tal y como informó ayer LA RAZÓN, el Grupo Popular en el Senado va a citar a Susana Díaz el próximo 8 de noviembre para hablar sobre el caso de los ERE en la comisión de investigación de vigente en la Cámara Alta sobre la financiación de los partidos políticos.

Esta decisión del PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, fue valorada positivamente por el resto de formaciones políticas del Parlamento andaluz. Desde Podemos, el presidente del grupo parlamentario, Jesús Romero, lamentó que «en Andalucía tenemos una situación completamente anómala por casos de corrupción y comportamientos mafiosos»; Ciudadanos defendió la «legitimidad» del PP para reclamar la presencia de la presidenta de la Junta en el Senado; y desde IU, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Elena Cortés, defendió que la citación «forma parte del control democrático del Senado» y que «la obligación de cualquier demócrata es ir a esa comparecencia que se pide».

En el PSOE no eran ajenos a esta posibilidad que finalmente se ha producido. Las reacciones se sucedieron en cascada, todas en la misma línea: calificar la decisión del PP como «pataleta» y criticar al resto de partidos por justificar la iniciativa. «Si me llaman es evidente que iré pero es una pataleta del PP fruto de la desesperación», aseguró Díaz. Antes de las elecciones no habrá sentencia del juicio de los ERE ni se sustentará la comisión de investigación de la Faffe, pero en la precampaña la corrupción estará presente.