«La demolición de las naves de Delphi ahondaría en el fracaso de PSOE e IU»

La multinacional Delphi echó el cerrojazo a su factoría de Puerto Real (Cádiz) hace más de seis años y el conflicto laboral que supuso que 1.904 trabajadores quedaran en la calle aún colea.

La multinacional Delphi echó el cerrojazo a su factoría de Puerto Real (Cádiz) hace más de seis años y el conflicto laboral que supuso que 1.904 trabajadores quedaran en la calle aún colea. El pasado 23 de diciembre representantes de los operarios de UGT, USO y CC OO se reunieron con los administradores concursales de la empresa, quienes admitieron que barajan la posibilidad de desmantelar para su posterior venta las instalaciones, ricas en cobre y otros materiales, si se necesita liquidez para pagar a los acreedores. Infraestructuras cuyo mantenimiento supone un coste de 300.000 euros anuales, según la propia Administración concursal.

Uno de los asistentes a esa cita, el secretario ejecutivo de MCA-UGT, Antonio Montoro, trasladó ayer a LA RAZÓN el «rechazo total» de su organización a que «se derriben las naves de Delphi». Es más, asegura que harán «todo lo que esté en su mano» para que «esto no se produzca».

Cabe recordar que más de 400 ex trabajadores de la automovilística buscan aún empleo, pese a que la Junta firmó el 4 de julio de 2007 un protocolo por el que éstos entienden que se comprometieron a recolocarlos. El Ejecutivo andaluz zanjó en 2012 de manera unilateral esa vía que les había permitido cobrar salarios y formarse, al estimar que el programa de ayudas no podía prolongarse «sine die» y que se había hecho «lo posible y lo imposible por ellos». Si bien, para Montoro «el espíritu» con el que se rubricó aquel protocolo «estaba basado en la reindustrialización inmediata de los terrenos». «A las fechas que estamos –añade– la Junta de Andalucía se ha demostrado incapaz, en estos casi siete años, de dotar de actividad a la factoría». Para el dirigente de MCA-UGT, la demolición ahora de las naves «ahondaría aun más en ese fracaso del PSOE, y ahora también con el beneplácito de IULV-CA», desliza.

Según explica el ugetista a este periódico, la propuesta de los sindicatos implicados en el proceso siempre ha sido que los terrenos de la multinacional «sean comprados de forma inmediata por la agencia IDEA –dependiente de la Consejería de Economía–, para ponerlos lo antes posible a disposición de los empresarios que así lo necesiten». La Junta quiere que la zona siga ligada a «lo público», pero tiene otros planes.

De hecho, en otra reunión, celebrada el 19 de diciembre en la Delegación de Empleo en Cádiz, a la que asistieron varios cargos del Ejecutivo andaluz, se insistió en la opción de que los terrenos sean adquiridos «por el Consocio de las Aletas». Y ello, pese a que «ya sabemos de antemano», apunta Montoro, «que esto es prácticamente imposible, sobre todo, por la disputa política entre PSOE y PP en torno al proyecto de las Aletas». Un plan que además se encuentra judicializado.

En opinión de Montoro, «la única salida a este conflicto» pasa por que «los tres partidos, PSOE, IU y PP, se sienten junto a los sindicatos representantes del colectivo de Delphi y se busque una salida definitiva y consensuada a esta historia, para así dejar de ser una moneda de cambio, tanto de unos como de otros». «Ya es hora –sostiene– de que den un paso al frente y se dejen de demagogia, que hay muchas familias en situación precaria», remata.

De hecho, según desvela a este diario, ya ha contactado con representantes de los tres partidos para intentar cerrar lo antes posible esa reunión, dado que «tiempo es lo que menos tenemos», apremia. ¿Habrá voluntad política?

Ofensiva en la calle y en el juzgado

Los afectados por el cierre de Delphi planean concentraciones en Cádiz y Sevilla, entre ellas una el próximo 14 de enero a las puertas de la factoría. Es más, están a la espera del visto bueno de la Subdelegación de Gobierno en Cádiz, donde ya se ha solicitado en tiempo y forma. Al margen de la calle, UGT y USO trabajan en una demanda contra el Gobierno autonómico por el incumplimiento del protocolo de colaboración firmado con el colectivo de ex trabajadores en 2007.