La dilación en los juzgados, una mala costumbre en pleno siglo XXI

La resolución de casos en la comunidad se pueden llegar a prolongar hasta una década, a la espera de los recursos necesarios

La Justicia en el siglo XXI es lenta, muy lenta. La falta de medios que denuncian los propios profesionales se refleja día a día en los tribunales, pero es en casos como el de Mercasevilla, en el que la sentencia llega ochos años después, cuando saltan las alarmas. Más si resulta exculpatoria.

No hay que bucear demasiado para encontrar casos similares. Las primeras imputaciones de Invercaria se produjeron en marzo de 2013; el «caso Marismas» arrancó en 2012 y la larga lista continúa.

Ha transcurrido toda una década desde que la Fiscalía de la Audiencia de Málaga abriese diligencias de investigación penal un 9 de enero de 2007 por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de la localidad de Estepona, cuyo Juzgado de Primera Instancia dictaría dos meses después un auto que acordó incoar diligencias previas e iniciar una investigación que contempló la autorización de escuchas telefónicas.

Tras decretar el secreto de las actuaciones y prorrogarlo en sucesivas ocasiones la jueza instructora acordó en junio de 2008 la detención judicial de 26 personas, practicadas no sólo en Estepona, sino en Madrid, Córdoba, San Sebastián y Bilbao. El «caso Astapa» no había hecho sino empezar, pero se antojaba por aquel entonces difícil pensar que habría de esperar diez años para que la causa llegara, siquiera, a buen puerto.

El ahora instructor del procedimiento dictó hace ahora un mes el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado y ordenó que se siga la causa contra 94 investigados, dejando fuera del proceso a 26 encausados. Además, ya han fallecido cuatro de los investigados, en un largo período protagonizado por la falta de medios materiales y técnicos para hacer frente a las necesidades de la investigación.

Así las cosas, se ha dado 60 días al fiscal y a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio oral, cuya duración no será inferior a un año, al que añadir seis meses al menos para que se dicte sentencia y otros tantos para que se notifique.

No le va a la zaga el «caso Goldfinger» que puso en solfa una operación urbanística y financiera vinculada a una parcela en Marbella sobre la que se contruyó un chalet el actor escocés Sean Connery. En el que el ex alcalde de la localidad Julián Muñoz y seis ex ediles del GIL reconocieron la recalificación urbanística de la citada parcela.

La investigación se inició de forma paralela a la «Operación Malaya» en el año 2006, y su instrucción pasó de mano en mano durante años desde que el magistrado instructor que inició la causa solicitara traslado de plaza y su sustituto fuera recursado, en la fase inicial. Tuvo su origen en la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas. Al principio se investigaron sólo los convenios del Ayuntamiento con las empresas Malibú y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 apartamentos, denominada Malibú, finalizada en 2005. Luego se amplió a delitos fiscales por la explotación de la promoción.

Otros casos como el de la joven asesinada en Coín en agosto de 2013 Sonia Carabantes, a manos del británico Tony Alexander King autor además de la muerte de Rocío Wanninkoff, vuelve a la palestra después de que la familia se haya propuesto demostrar los fallos que a su juicio se han producido a lo largo del procedimiento.

Pese a que el Tribunal Supremo ha resuelto recientemente que no hubo «error judicial» en la muerte de la malagueña la representación legal de la familia Carabantes, dio a conocer semanas atrás que primero se analizará la posibilidad o no de recurrir el auto del Supremo, para, en caso negativo, reclamar una indemnización ante la Justicia. La vida puede serguir igual si no se ponen los recursos necesarios.