La dimisión de Viera en el Congreso aboca todo el «caso ERE» al juzgado de Sevilla

El último amarre del «caso ERE» con el Tribunal Supremo (TS) se rompió ayer. El ex consejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera, presentó en persona en el Congreso de los Diputados su renuncia al acta que mantenía en el Grupo Mixto, al que pasó antes del verano, tras darse de baja en junio del PSOE y salir de su Grupo después de 35 años de militancia. Y lo hizo antes de que previsiblemente la Cámara votara en los próximos días el suplicatorio para ponerlo a disposición del Supremo, después de que éste confirmara indicios de malversación y prevaricación de fondos públicos que lo incriminan en el presunto fraude de los ERE.

Viera era el último de los cinco aforados con acta de cargo electo que investigaba el TS en el ámbito de esta causa, después de que tanto los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, como el ex vicepresidente Gaspar Zarrías dejaran las suyas de forma escalonada tras ser imputados; y de que el Alto Tribunal exculpara de cualquier delito a la ex consejera Mar Moreno.

Con su decisión, la votación sobre el suplicatoria decaerá y el Congreso comunicará de forma oficial al Supremo que Viera ha dejado de ser parlamentario a lo que seguirá, según avanzan fuentes del caso, un auto de éste en el que se señalará que ha dejado de ser competente para instruir una causa en la que ya nadie tiene un fuero especial, por lo que remitirá todas sus actuaciones de vuelta al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que germinó el proceso hace casi cinco años.

De hecho, Chaves, Griñán y Zarrías ya habían pedido ese movimiento de regreso, pero el instructor del TS, Alberto Jorge Barreiro, rechazó esa posibilidad –aunque luego en algunas de sus resoluciones avanzaría que tendría que acabar abandonando sus actuaciones–, al entender que los hechos que les imputaba a los tres estaban conectados con los que atribuía a Viera.

Ahora las circunstancias han cambiado y la dimisión del ex consejero socialista aboca definitivamente el caso a la capital hispalense, dado que además el Supremo ha establecido que sólo se quedará con los casos de aforados que renuncien si hay ya abierto juicio oral, lo que no sucede. Se da la circunstancia además de que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado sevillano de origen que cite a declarar como imputados a los otros cuatro aforados, en este caso autonómicos dado que eran parlamentarios andaluces, que fueron investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Se trata de los ex consejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio.

Es decir, el juzgado número 6 será el encargado de culminar la instrucción de los ERE que arrancó y de encausar a todos los implicados. La pregunta es: ¿quién será la jueza que dirija la investigación? En teoría, ayer el TSJA debía haber tratado si la dejaba en manos de la jueza que la inició, la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya; o si se la encomendaba a su sutituta María Núñez Bolaños. Pero no se cumplió el guión.

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal optó por posponer su resolución y el informe que le demandó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el plan de actuación aprobado en junio respecto al reparto del trabajo en el juzgado «para seguir deliberando los términos del mismo en la próxima reunión», explicaron vía comunicado. El plan inicial al que el TSJA dio el visto bueno permitía a Alaya –quien ganó una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla pero pidió una comisión de servicio que le concedieron– continuar con las pesquisas de los ERE. Pero, mientras el Poder Judicial decidía definitivamente, Núñez Bolaños acordó la división en piezas separadas de la causa, a la que su antecesora se opuso siempre, lo que motivó la nueva consulta del CGPJ al TSJA, en el sentido de que éste se pronuncie acerca de si la atomización del proceso afecta o no al plan de actuación previamente acordado y avalado. Al margen de ese rizo, la propia Audiencia sevillana ha de resolver sobre el despiece. Puertas judiciales que se abren y se cierran mientras el tiempo corre.