La ex «número 2» de Griñán defiende aún la ocultación de informes de los ERE a su jefe

Aguayo niega que los de la Intervención pasaran por su «mesa» al ocuparse de ellos sus técnicos y se ratifica en que no debió comunicarle al ex presidente el contenido del que alertaba del agujero

Antes de tomar la palabra gravitaba sobre ella una referencia pegajosa. Carmen Martínez Aguayo, la «ex número dos» del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, se autoculpó durante la instrucción y en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de que éste no recibiera los informes de la Intervención en los que se alertó de anomalías en ayudas sociolaborales pagadas por el Gobierno andaluz. Había dicho también que ella tampoco los había leído al recibir una media de «cien» al año y no contener nada que requiriera su actuación sino sólo «discrepancias contables». Ayer en la Audiencia de Sevilla que la juzga junto a otros 21 ex altos cargos públicos en la rama política del «caso ERE», no sólo confirmó esa versión, sino que subió la apuesta. Tejió respuestas, a preguntas de la Fiscalía y de su abogado en torno a ese punto, para armar un relato según el cual, pese a que los informes de la Intervención autonómica iban dirigidos a la viceconsejera de Hacienda, cargo que desempeñó entre 2004 y 2009 con Griñán como consejero, no pasaron por su «mesa», ya que los leían sus técnicos y ni éstos ni los interventores la advirtieron de «ilegalidad alguna» o de menoscabo de fondos públicos. «Nunca» despachó ni con el ex interventor general ni con su antiguo jefe sobre en concreto el informe adicional de 2003, en el que se avisó de algunos agujeros, entre ellos el de los ERE. Es más, cuestionada por si, con el conocimiento que admitió tener ahora de él, consideraba que tenía que haberle comunicado su contenido al ex titular de Hacienda, contestó que «en ningún momento». «No se requería ninguna actuación de la consejería y entiendo que se envió con carácter de normalidad, sin ningún requerimiento, por lo que no», resumió.

Tampoco habló con Griñán de retenciones de crédito. Sí admitió haber tratado con el ex presidente las conclusiones de la memoria del control financiero permanente y que como antesala a la reunión de los consejos de gobierno, «los lunes por la tarde normalmente o los martes a primera hora, despachaba con el consejero los temas» que éste «tenía que defender» en aquel cónclave. «Formaba parte de mis funciones», sostuvo, para añadir que en esos encuentros «hacía énfasis» sobre todo en las mejoras» propuestas por la Intervención y contó que tuvo «singularmente» un «despacho muy amplio» ligado a las medidas que se introdujeron en 2006 para optimizar «el control de la evaluación del gasto sanitario» al ser «bastante duras para la Consejería de Salud» y augurando que provocarían «cierta polémica». En ese punto, la Fiscalía le planteó que había calificado de «mejora» la emisión de los informes adicionales del interventor y quiso saber si eso lo había abordado con Griñán, a lo que la investigada manifestó: «Sí, correcto». Sus palabras fueron pronunciadas además tras haber «tenido en sus manos», como afirmó, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas sociolaborales en el periodo 2000-2010, que se elaboró, recordó la investigada, a petición de un Ejecutivo del que formaba parte, y en el que se anotó un rosario de deficiencias. El Ministerio Público dirigió sus esfuerzos en averiguar qué sabía Martínez Aguayo de otras cuestiones como el programa 31L, el llamado «fondo de reptiles» que nutrió buena parte de las subvenciones, pero su interlocutora se fajó. Se ancló en el «no» en relación a si existió déficit en el IFA –el ente pagador convertido luego en agencia IDEA– y subrayó que en 2004 y 2005 se hicieron «avances importantes en la dotación de personal» para la Intervención. Rechazó en multitud de ocasiones que Hacienda tuviera «supremacía jerárquica» alguna sobre el resto de departamentos. «Cada consejería es autónoma para definir sus programas, su presupuesto y para ejecutarlo, liquidarlo y ordenar el pago», enumeró.

Se opuso, en definitiva, a que su acción favoreciera las irregularidades. «Yo nunca he ido contra la ley», llegó a proclamar.

El presidente del tribunal le reprocha su «tono arrogante»

Lo que se escucha sin parar en el primer juicio de los ERE es que los encausados conocen ahora por el proceso judicial lo que no sabían cuando ejercían sus cargos en la Junta. Lo que no se había producido hasta ayer es que el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, interrumpiera la declaración de un investigado para reprocharle su «tono arrogante». Ese hecho marcó la intervención de Carmen Martínez Aguayo. Se produjo tras un cierto rifirrafe con el fiscal al que la ex consejera le reprochó que estaba «mezclando cosas». Tras la amonestación, Aguayo se excusó en la falta de intención. A partir de ahí el micrófono, al que se aferró a ratos, se convirtió en su aliado, en su punto de apoyo.