La Fiscalía del TSJA investigará el «caos» horario en los institutos

¿Podrá sostener en el tiempo la consejera de Educación, Adelaila de la Calle, su afirmación sobre que no se ha producido incidencia alguna con el encaje de los horarios del profesorado en Secundaria? De momento, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias informativas como pidió la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) por el «caos normativo» provocado en relación a ese asunto.

En su escrito de denuncia, APIA acusó al departamento de De la Calle de «haber obrado de forma consciente y deliberada para generar un contexto de inseguridad jurídica en el que cualquier solución sea posible, quebrando el principio de seguridad jurídica», por lo que solicitó a la Fiscalía que identificara a los responsables y valorara si sus acciones podrían ser constitutivas del delito de prevaricación de funcionarios, del artículo 404 del Código Penal, que prevé penas de nueve a quince años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Ahora el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, designa, vía Decreto de Apertura de Diligencias al que accedió LA RAZÓN, a la persona encargada de llevar a cabo «aquellas actuaciones que estime conveniente para el esclarecimiento de los hechos». Además, el presidente del sindicato de Secundaria, Manuel Fernández, anunció que ampliarán su denuncia «esta misma semana». ¿Por qué? Esgrimen dos razones: la omisión de la preceptiva exposición pública de la Orden que modificó la otra previa que regulaba la organización y funcionamiento de los institutos, «al menos en lo que a APIA se refiere»; y un escrito remitido por el director general de Ordenación Educativa el mismo día de la publicación de la resolución en el admitía que podrían producirse «dificultades» en los centros, como adelantó este periódico. Para APIA, ese documento reforzaría «la idea de una actuación previamente meditada y no de un hecho puramente contingente», además de derivar «toda la responsabilidad hacia los directores» de instituto, «amparándose en la autonomía organizativa». La admisión a trámite por parte de la Fiscalía supone, en opinión de Fernández, «un primer paso que indica que nuestra denuncia tiene, como poco, indicios de buen derecho».