La Fiscalía Económica de Chile confirma el «patrón colusorio» del «cártel» del fuego

Acusa a dos empresas andaluzas de fijar «precios» y «condiciones de comercialización» para «asignarse contratos»

Acercar posiciones para seguir siendo poder. Esto es de lo que vuelven a acusar a empresas vinculadas a la lucha contra el fuego, pero esta vez fuera de las fronteras españolas. La Fiscalía Nacional Económica, la agencia chilena encargada de defender y promover la libre competencia en todos los sectores productivos de la economía de aquel país, interpuso el pasado verano un requerimiento contra Faasa Chile y Martínez Ridao al que ha tenido acceso ahora LA RAZÓN por infringir un decreto ley «al acordar su actuación conjunta en el mercado» de aquel Estado «de servicios de combate y extinción de incendios forestales prestados mediante aviones cisterna, entre los años 2009 y 2015». «En el marco de este acuerdo –se asevera en el escrito conformado por 27 páginas– determinaron condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados. Todo lo anterior con el objeto de asignarse contratos». Esta Fiscalía explica que su iniciativa parte de los ecos del proceso seguido por la Justicia española contra el denominado «cártel del fuego» e incluyó registros e incautación de documentación. A partir de ahí comprobaron que «los principales ejecutivos» de las dos empresas mencionadas se reunieron y se comunicaron entre sí para «coordinarse» a la hora de presentar sus ofertas a varios clientes públicos encargados de proteger y conservar los recursos forestales chilenos, y privados, en el periodo analizado. ¿El fin? «Fijar los precios». Documentó, en definitiva, lo que el propio ente económico define como «patrón colusorio» que ha posibilitado que las entidades señaladas hayan «concentrado casi la totalidad de las ventas relativas» a contratas para «el servicio de extinción y combate de incendios mediante aviones cisterna» entre 2009 y 2015, lo que «les ha conferido un evidente poder de mercado», asevera la Fiscalía Nacional Económica de Chile, que fuentes consultadas por este diario equiparan a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia española.

A juicio de ese organismo, los hechos «dan cuenta de un concierto de voluntades verificado entre las requeridas en orden a actuar coordinadamente en el mercado chileno». «El acuerdo», insiste, «confirió poder de mercado a Faasa y a Martínez Ridao, toda vez que, de manera conjunta, lograron concertar casi la totalidad de las ventas relativas a contratos para el servicio» de lucha contra las llamas con aviones cisterna. Respecto a la duración «del cártel», anotan que las sociedades consiguieron «implementar» el pacto «colusorio» de manera «sostenida en el tiempo» reflejando «la permanente confluencia de voluntades» en preservar la alianza. Por todo ello, la Fiscalía solicita al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estatal que determine que los actos de ambas mercantiles «restringen o entorpecen la libre competencia» y les imponga multas que las disuadan de «persistir en conductas como las investigadas» en el futuro.

Fuentes de Faasa aseveraron ayer que dicha investigación «se inicio en el año 2017», junto a otra «de tipo penal» que «fue archivada recientemente». Añadieron que el requerimiento «afecta a la filial» en el país americano y que «se está trabajando en este momento en presentar» sus «alegaciones», además de en «un estudio económico donde se demuestra que no se ha causado ningún perjuicio» y que empresas «con doble estacionalidad –el invierno/verano de aquí y de allí–» presentan «precios más competitivos» al optimizar recursos, como es su caso. Un informe que «también habla de la rigidez de la oferta», concluyeron. Este periódico intentó recabar la opinión de la otra entidad sin lograrlo al cierre de esta edición.

Conexión con el «caso Infoca»

En la Audiencia Nacional podría acabar también al menos una proporción del llamado «caso Infoca» que cimenta un juzgado sevillano en torno a la contratación de medios aéreos para la lucha contra el fuego en la comunidad. La causa arrancó con la denuncia de un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y en ella están personados en la actualidad la organización Ecologistas en Acción y Podemos. La jueza se inhibió en favor del tribunal estatal al que trasladó parte de lo actuado. Los implicados aguardan la respuesta.