La Fiscalía incoa diligencias de investigación penal por el «pelotazo» urbanístico de Motril

Reclama un informe al Gobierno andaluz sobre las obras en terrenos de un futuro parque comercial, después de la denuncia de Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción denuncia con arrebato desde hace meses el «pelotazo» urbanístico que, considera, se gesta en Motril (Granada) en torno a un futuro parque comercial y sin que el equipo de gobierno municipal del PSOE haga nada por impedirlo. Ha advertido, como ya informó LA RAZÓN, de que ya se han iniciado obras, «sin licencia municipal», en unos terrenos donde está prevista la construcción de varios establecimientos comerciales y de restauración, cuya suspensión reclamaron como medida preventiva. Ahora ha tomado cartas en el asunto otra instancia. La Fiscalía Provincial granadina ha incoado diligencias de investigación penal y ha resuelto pedir al Gobierno andaluz, vía decreto, un informe sobre una serie de puntos ligados a esas tareas de construcción. Ha solicitado que «se libre oficio a la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda» de la Junta, que será la que tenga que pronunciarse sobre una serie de extremos que incluyen la «clasificación y calificación del suelo sobre el que ha sido realizada la obra» o «la normativa urbanística y territorial aplicable», así como «las infracciones de ésta que cabe atribuir» a los trabajos llevados a cabo ya en la zona. A ello el Ministerio Público suma que se le indique «la fecha de construcción y finalización» de los mismos en su caso, además del «carácter legalizable o ilegalizable de las obras». El decreto, al que tuvo acceso este periódico, fue notificado a las partes interesadas, puesto que lo mandató la propia Fiscalía, para que pudieran presentar las correspondientes alegaciones a su decisión, si así lo estimaban conveniente, en un plazo de diez días. Fuentes de Ecologistas en Acción valoran como «muy importante» el paso dado por el Ministerio Público, al entender que debe servir para clarificar el «trato preferente» que desde el Ejecutivo regional y desde el ayuntamiento se ha dado a «la tramitación de esta reclasificación de terrenos no urbanizables con protección agrícola, a suelo urbano comercial», pese a que «ya existen en Motril más de 200.000 metros cuadrados de suelos con la clasificación de urbanos para uso comercial incorporados en el PGOU –Plan General de Ordenación Urbana local– vigente».

Las mismas fuentes recuerdan que su organización alertó además a la Fiscalía sobre «los graves vulneraciones de la legalidad vigente que se pueden estar produciendo en materia de movilidad y seguridad vial», tanto en «las autorizaciones» gestionadas por «las autoridades autonómicas y municipales», como en lo relativo a «las obras ya ejecutadas, muchas de ellas sin licencias previas».