La Fiscalía pide 10 años de cárcel para cinco ex cargos de la Junta por las ayudas a Umax

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para cinco ex altos cargos de la Junta por los pagos por un montante total de 1.550.114,67 euros realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría por la contratación de 44 trabajadores que «pertenecían al círculo de amigos y familiares» del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Ep, el Ministerio Público acusa de tres presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y al administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado. De este modo, reclama para los cinco ex altos cargos nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación; seis años de prisión y 18 de inhabilitación por el delito de malversación, y cuatro años de cárcel y otros cinco años de inhabilitación, además del pago de una multa de 13.500 euros, por un delito de falsedad, mientras que para Ulpiano Cuadrado solicita en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros. Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 2.556.036,2 euros por las cantidades «indebidamente» percibidas desde el año 2003 hasta el año 2010, cantidad de la que responderá subsidiariamente la entidad Umax, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010. A juicio del Ministerio Público, todos los acusados «se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación» de Umax, «a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación», creando a partir de «una estructura administrativa de personal» al margen de las previsiones oficiales.