La Fiscalía pide la información sobre las comisiones de los sindicatos

La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado de nuevo sus discrepancias con las juez Mercedes Alaya, ya que considera que la conclusión de la investigación judicial por el caso de los ERE «no está ni mucho menos cercana» dada «la amplitud y complejidad de los hechos» investigados, y cree necesario «ir delimitando los hechos y sus partícipes». Hay que recordart que en el auto en el que la magistrada citó de nuevo a la exconsejera de Economía y Hacienda aseveró que «el final de la instrucción no está lejos, más bien lo contrario».

El Ministerio Público mantiene otra teoría y cree que hay diligencias que se están retrasando. En un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, consultado por Europa Press, solicita una serie de diligencias que «deben de ser practicadas de forma inmediata» y «que no suponen un excesivo trabajo para la oficina judicial».

Los sindicatos están en el punto de mira de Anticorrupción, y reitera que se «debe seguir investigando» los cobros «realizados por las asociaciones sindicales y empresas vinculadas» a UGT-A y CCOO-A, que llegaron a percibir 7,6 millones de euros por parte de las mediadoras de los eRE.

A juicio del Ministerio Público, «es necesario seguir investigando no sólo para averiguar si los mismos –cobros– se han podido producir en otros expedientes de ayudas mediante facturación a empresas beneficiarias, sino también para delimitar la participación de las distintas entidades sindicales y asegurar, en la medida de lo posible, el aporte de una documentación por éstas que debe de ser contrastada en fase de instrucción».

De este modo, insiste en que se requiera a la representación de las empresas perceptoras de dichos pagos «para que aporten al Juzgado justificación documental de los servicios a los que se corresponden dichos pagos, de forma detallada –factura a factura–, con indicación de los trabajos –duración, lugar o periodo– y personal empleado».

La Fiscalía pide recabar del Registro Mercantil correspondiente al domicilio de una serie de sociedades, como son Atlantis Asesores S.L., Atlantis Correduría de Seguros y Consultora Actuarial S.A., Temiqui S.A., e ITG Industria de Técnica y Gestión S.L., tanto la hoja registral como las cuentas anuales depositadas entre 2001 y 2012.Igualmente quiere conocer si estas cantidades se declararon ante la Agencia Tributaria.

No es la única solicitud de la Fiscalía a Alaya. También solicita que, si procede, se incoen diligencias previas separadas del caso ERE para investigar un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 15 de noviembre de 2011, siendo presidente José Antonio Griñán, en el que se autorizó la concesión de una subvención de carácter excepcional a Astilleros de Huelva S.A.. La instructora ya atendió la petición realizada por la acusación ejercida por el PP-A y pidió a la Consejería de Empleo y al Consejo de Gobierno de la Junta los expedientes administrativos «íntegros, completos y foliados» que se hayan seguido para el otorgamiento de la subvención excepcional para atender a la solicitud formulada por los administradores concursales de Astilleros de Huelva.

Anticorrupción concluye que aunque el objeto de las diligencias del caso ERE «es amplio», éste «no se debe de extender más allá de la tramitación de pagos acogiéndose al convenio marco de julio de 2001, la encomienda que lo sustituye y hasta la Orden de 1 de abril de 2011 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales». Según la denuncia del PP, esta ayuda a Astilleros de Huelva se tramitó al margen de la mencionada Orden de 2011.