La Fiscalía rebate el trabajo de la UCO y pide el «carpetazo» de la pieza política

Anticorrupción señala que no ha podido «identificar» la estructura de un plan para beneficiar a algunos empresarios.

Ayer se produjo el paso más firme para que se produzca el archivo de la pieza política del «caso de la formación» y se cumpla así el rumor en forma de filtración que salió del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a finales de junio, poco antes de las segundas elecciones generales. El fiscal anticorrupción Fernando Soto ha elevado un escrito a la jueza encargada de la causa, María Núñez Bolaños, en el que da cumplimiento a su petición y aboga por que decrete el «sobreseimiento provisional de las actuaciones», ya que según argumenta «no se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades».

El Ministerio Fiscal reconoce algunas disfunciones en el seno del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que es donde se centran las pesquisas, pero rebate que vayan aparejadas a los delitos de prevaricación y malversación. El único reproche va dirigido al proceso poco ágil – «ineficiente» dice exactamente– de la Administración para la comprobación y liquidación de expedientes de subvenciones, lo que obligó a llevar a cabo medidas hasta ahora ampliamente cuestionadas como las resoluciones de exoneración o los certificados que emitían los delegados provinciales para acreditar que los fondos se habían aplicado a los fines previstos, lo que no se cumplió en muchos casos, tal y como ha quedado acreditado.

El posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción abona definitivamente la teoría de la Junta y del PSOE, consistente en que el caso de la formación se está desinflando y va inexorablemente hacia el archivo. A lo largo de las 33 páginas del escrito, consultado por LA RAZÓN, la Fiscalía hace una enmienda a la totalidad a la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sí detectó una trama defraudatoria y posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos. Por ello, la UCO, en coordinación con la anterior magistrada responsable del caso, Mercedes Alaya, llevó a cabo en marzo de 2015 la detención de 16 altos y ex altos cargos de la Junta en todas las provincias en el marco de la «Operación Barrado». Estas detenciones y los registros practicados fueron una de las bases fundamentales para imputar a los 24 altos cargos del SAE encartados en esta rama política, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

Las piezas políticas de los dos principales casos de corrupción que afectan a la Junta –ERE y formación– son las que más están avanzando y así lo reconoce la Fiscalía: «Esta pieza es donde más se ha centrado la investigación judicial y policial en los últimos meses». Conviene no perder de vista que es un esquema de diligencias que puede tener un efecto dominó, en tanto que el archivo de la pieza política, en torno al mecanismo de otorgación y chequeo de las ayudas, puede desembocar en el archivo de otras piezas.

El fiscal echa por tierra el principio de la investigación de que la Administración andaluza a través del SAE, su director general y los delegados provinciales «habrían establecido una red clientelar en la concesión de subvenciones destinadas a la formación». «Ni en estos ni en posteriores atestados –argumenta el fiscal– se ha podido identificar a un grupo de beneficiarios que por afinidad política u otros criterios hayan sido causa de la concesión arbitraria de subvenciones para el enriquecimiento personal de los mismos». «Hay determinados empresarios y personas jurídicas y físicas, cercanos a la Junta sistemáticamente beneficiadas con subvenciones, Ojeda –ex consejero de la Junta–, Velasco –Rafael Velasco fue vicesecretario general del PSOE-A– etc... pero para su investigación ya se abrieron líneas de investigación, piezas y a la postre diligencias independientes».

Uno de los nudos gordianos del caso son las resoluciones de exoneración, ya que la Junta convirtió la excepción de poder liberar al beneficiario del cumplimiento en tiempo y forma de los fondos, en una generalidad. Relaciona el fiscal estas resoluciones con el procedimiento de la Administración para comprobar los gastos y el atasco que llegaba a generar el sistema contable Jupiter. «Las resoluciones de exoneración o de exceptuación se utilizaron en la administración andaluza para resolver el problema del retraso en la comprobación de las subvenciones, impidiendo así que se paralizaran las políticas activas de empleo que son los cursos». «Se colige fácilmente que los consejeros que dictaron tales resoluciones no prevaricaron. La tesis de que la Administración dolosamente haya dejado de emplear controles o los haya soslayado es difícil de sostener». Asegura, asimismo, que no acepta el «silogismo de que el retraso en las labores de comprobación en la justificación lleve necesariamente a menoscabo de fondos y consecuentemente a la malversación». Recuerda en este sentido que el archivo se produce a los 4 años desde que finaliza el plazo de justificación de la ayuda.