La fiscalización del dinero para cursos que anunció Griñán nunca se realizó

«Si usted cree que las ayudas que damos a la formación merecen escrutinio, las mandamos a la Cámara de Cuentas cuando usted quiera. Mañana mismo. Mañana mismo mandamos el ejercicio que usted quiera, lo mandamos a la Cámara de Cuentas». Así se pronunció el 28 de octubre de 2010 José Antonio Griñán durante un Pleno del Parlamento de Andalucía en el que Javier Arenas, entonces líder del PP-A, le reprochaba los últimos escándalos en torno a esa partida y reclamaba una fiscalización de las ayudas otorgadas durante la última década. En esas fechas, el «número dos» del PSOE-A Rafael Velasco, presentó su dimisión de todos sus cargos tras trascender que la empresa de su mujer había recibido 730.000 euros para acciones formativas. Días más tarde, la Junta de Andalucía anunció que requerería formalmente a la Cámara de Cuentas para que fiscalizara las ayudas a la formación para el empleo de la Junta entre 2005 y 2010 –incluía el periodo en el que la mujer de Velasco recibió las ayudas–. El objetivo era «que se imponga la claridad frente a las sospechas que está tejiendo el PP», anunció solemne la entonces portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, tras el Consejo de Gobierno del 2 de noviembre de 2010.

Ahora, con la apertura de diligencias judiciales contra UGT-A por el presunto desvío de fondos de estas subvenciones, el informe de la Cámara tomaría especial relevencia. El problema es que no existe ni nunca ha estado previsto en los distintos planes de actuación del órgano de extracción parlamentaria.

Fuentes del ente público consultadas por este periódico admiten que recibieron la petición de la Administración andaluza para realizar ese trabajo durante el periodo reseñado –de 2005 a 2010–. La solicitud llegó el 18 de mayo de 2011 –seis meses después de anunciarlo– y se ha quedado en el limbo. La Cámara de Cuentas sí publicará en breve un trabajo sobre subvenciones del servicio Andaluz de Empleo para la Formación Profesional para el Empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004. El trabajo de campo se limita a los años 2009 y 2010, confirman. Además, el SAE sólo gestiona una parte de las ayudas a la formación, mientras que el compromiso del Ejecutivo andaluz fue la fiscalización de todas las partidas entre 2005 y 2010.

El PP ha pedido en varias ocasiones una auditoría integral de la Consejería de Empleo en la última década, incluida la revisión de las ayudas a la formación. El PSOE se ha negado de manera sistemática.