La guerra de los cascos

La dirección de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, y los sindicatos con mayor representación en la misma –CSIF, CC OO, UGT y CGT– firmaron el pasado junio el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, tras años de reivindicación por parte de los trabajadores del dispositivo para la prevención y extinción de incendios (Infoca). Pero tras ese gesto nominativo –el principal caballo de batalla sindical es el de los coeficientes reductores vinculados a las jubilaciones tempranas para profesiones de especial penosidad y es competencia estatal–, el Gobierno andaluz tendrá que contener un nuevo embate. ¿El motivo? Desde la sección sindical de CSIF en Amaya denuncian a LA RAZÓN que esa admisión de la nueva etiqueta laboral ha servido «una vez más» para poner en evidencia «la mala organización de la agencia en materia logística», en concreto, en la entrega de parte del equipo con el que deben ir pertrechados los bomberos forestales: los cascos. Fuentes de la mencionada organización sindical aseveran que «aún no se han suministrado al cien por cien» y advierten de que les están colocando «los accesorios» que necesitan como un elemento auditivo, linternas, cubrenuca... «que no son los reglamentarios». «Es el caso de una pantalla que se usa para proteger los ojos. Nos han dado una que tampoco es la que corresponde y la Junta nos ha instado a darle una solución cutre: ponerle unas bridas para sostenerla que impiden que se suba», ejemplifican. Las mismas fuentes relatan que, según el fabricante de los cascos, «deben utilizarse y montarse exclusivamente piezas de recambio originales y accesorios autorizados y certificados por él». De lo contrario, «caducarán las condiciones de garantía» lo que eximiría a aquél de responsabilidad, si se produjera algún tipo de accidente en el transcurso de las labores de los bomberos.

Han transmitido a la agencia ambiental de la Junta su queja y ésta ha replicado al sindicato en un breve texto que ha consultado a la empresa suministradora y ésta le habría trasladado que «dicha obligación –la de usar sólo piezas originales–» ateñería únicamente a «los elementos estructurales del casco, pudiendo ser los accesorios de cualquier marca y modelos», sin que «las garantías del mismo» se vieran afectadas. Sin embargo, a CSIF no le convence el cruce de misivas y pretende que el Ejecutivo regional «se haga responsable y certifique por escrito» que el casco y el conjunto de los accesorios adaptados «cumplen» con la legalidad y forman parte del equipo de protección individual contra los riesgos de las tareas forestales de extinción de fuegos. «Por lo que pueda pasar», deslizan.