La Intervención estatal cuestiona la legalidad de la gestión de fondos de IDEA...

Plantea que lo actuado por la Junta podría anularse al haberse ocupado de ella Invercaria, pese a que se encomendó «expresamente» a la agencia.

Los manejos pocos claros que se evidencian en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla podrían elevar los problemas de los encausados en el «caso Invercaria». Los peritos afirman en él haber comprobado que dicha sociedad de capital riesgo de la Junta recibió transferencias de otra entidad pública de la que depende: la agencia IDEA. ¿Para qué? Entre otros fines, «el pago de determinadas cantidades como consecuencia de actuaciones dentro de los programas ‘Campus’ y ‘Atlantis’», ideados como instrumentos para el fomento empresarial de carácter reintegrable. En el marco del primero, cofinanciados con fondos europeos, Invercaria obtuvo 19.151.061,18 euros y en el del segundo, 3.730.008.

Los peritos de la IGAE trasladan al juzgado que dirige Juan Gutiérrez Casillas que la gestión de los mismos correspondía al Gobierno andaluz y se le asignó a la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que dictó para hacerlo «las oportunas órdenes». En esencia fueron cuatro –24 de mayo de 2005, 19 de abril de 2007, 9 de diciembre de 2008 y 18 de enero de 2012–. Luego, Innovación delegó en IDEA lo relativo a esos fondos, entre otros. Un encargo que incluía, según los interventores, «la gestión de los procedimientos administrativos pertinentes y adecuados para su desarrollo» como la tramitación, el análisis, el control de justificaciones, el pago y el reintegro si procedía de los expedientes de incentivos. Invercaria, por su parte, al tener personalidad jurídica privada, no podría actuar más allá de meros actos materiales, aunque hizo de intermediario financiero y, de acuerdo al juicio del equipo pericial, desarrolló su actividad «en manifiesta contradicción con lo dispuesto en las órdenes de incentivos» y de otras normas reguladoras, en lo relativo a los fondos «Campus» y «Atlantis».

«No consta en el sumario –se asevera en el informe consultado por LA RAZÓN– ningún escrito de desconcentración con el rango legal suficiente y adecuado» o de «delegación en Invercaria SAU» de la previa efectuada por la Orden de 2005 en IDEA, y de la que «en muchos casos puede depender la legalidad de las actuaciones realizadas, que podrán ser o no subsanables», advierte la IGAE.

Los técnicos reparan en que el primer documento localizable en el sumario con el que se pretende «dar soporte jurídico» a lo ejecutado por IDEA y su ente instrumental Invercaria en relación a estas órdenes de ayudas es un convenio firmado por ambos el 16 de julio de 2010 para regular «determinados aspectos» de «Atlantis» y de «Campus». Un pacto que para la Intervención «en ningún caso cumple las condiciones establecidas en las diferentes leyes de Presupuestos para las encomiendas de gestión».

Los peritos estatales insisten en que la sociedad de capital riesgo «no tiene, ni puede tener, competencia ni capacidad jurídica para gestionar los fondos que recibe de IDEA regulados por las órdenes de incentivos, al tratarse de una actividad administrativa» que está «prohibida» para «las empresas», además de haber sido «expresamente» asignada a la agencia.

Del diagnóstico del equipo pericial se infiere en definitiva que la acción del Ejecutivo regional desafía la legalidad, a lo que suma que lo fijado en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «podría determinar la nulidad de pleno derecho de lo actuado por IDEA e Invercaria con respecto a los fondos ‘Campus’ y ‘Atlantis’». Con una derivada. La IGAE entiende que la intermediación de la sociedad de capital riesgo «ha interrumpido los plazos de prescripción para la reclamación administrativa de las cantidades pendientes de cobro». Un hecho que habría «dado lugar» a un «claro perjuicio» en la recuperación de los fondos públicos al no haberse utilizado «los procedimientos administrativos ejecutivos de apremio de que dispone IDEA». Y lo relatado no es lo único en lo que el Gobierno regional se habría hecho trampas a sí mismo. La IGAE concluye que Invercaria, que acumuló unas pérdidas financieras de 25.876.033,22 euros entre 2005 y 2013, tampoco «ha cumplido con la normativa de la Junta, muy clara y específica en cuanto a la apertura de cuentas corrientes y pólizas de crédito» por parte de sus empresas.

El trabajo pericial cuestiona el papel de intermediario de Invercaria, analizado ya en otros sumarios por los fondos Jeremie.