La Intervención tras el fraude de los cursos sigue sin medios para controlar a la Junta

Los interventores de las provincias de Almería y Cádiz, Juan José Castillo y Nieves Chao abrieron la ronda de comparecencias de la comisión de investigación por el fraude de los cursos del que se ocupan varios juzgados andaluces, entre ellos el de Instrucción 6 de Sevilla que también diligencia el caso de los ERE. Los dos altos funcionarios constaron las numerosas irregularidades detectadas tras la revisión de expedientes de ayudas, que ya pusieron por escrito en los informes de control financiero permanente del año 2012 y en el informe especial encargado por la Intervención General de los ejercicios 2009 a 2012. Los reparos más severos fueron en el caso de Cádiz, que dieron lugar a la apertura de un informe de actuación por parte de la Intervención General. Si embargo, los dos interventores negaron ayer que se produjera un menoscabo de fondos públicos, toda vez que las ayudas aún están «vivas», no han prescrito, y la administración andaluza está en plazo para reclamar el reintegro de las subvenciones.

También coincidieron ambos funcionarios en los escasos medios humanos con los que han contado y siguen contando para hacer su labor. Conviene no perder de vista que la Intervención es el máximo órgano de control interno que vigila a la Administración autonómica. La más contundente en este sentido fue la interventora delegada en la provincia de Cádiz. Al inicio de su alocución aseguró que en el momento en el que la Intervención General le encomendó el informe especial de 2009 a 2012 su departamento solo contaba con 14 personas, de las cuales dos tenían reducción de jornada. Además la única técnico especializada era ella. A la pregunta del diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe de si consideraba que tenía las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo, la interventora provincial fue tajante: «Ni muchísimo menos. Ni antes ni ahora. Cuando se hizo la fiscalización veníamos de un concurso de traslado que movió a todo el personal de la Junta. Pusimos muchísima voluntad, pero se necesita personal cualificado y de forma permanente, que es lo que no tenemos ahora».

Nieves Chao relató que además de los expedientes de formación su departamento tenía que atender otros muchos asuntos y en algunos casos «con presiones» porque su labor era imprescindible para que algunos pagos pudieran entrar en nómina.

En la misma línea el interventor de Almería argumentó que su departamento está compuesto de siete personas –«ahora dicen que me van a poner a un adjunto», deslizó–, «la mayoría del grupo C», y con un déficit de especialización para una labor de fiscalización tan compleja como la que exigía el plan especial que encargó la Intervención General. El volumen de asuntos a los que tenían y tienen que enfrentarse no es menor. El año pasado pasaron por la intervención de Almería 20.000 expedientes. Algunos de los relativos a los cursos de formación investigados superaban los mil folios.

La otra gran limitación que tuvieron los interventores provinciales para llevar a cabo su labor fue el envío desordenado de documentos por parte del órgano gestor de las ayudas, esto es, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Hay que recordar que las competencias sobre formación profesional para el empleo las ostentó el SAE hasta que en 2013 pasaron a manos de la Consejería de Educación, para volver ahora otra vez a Empleo. Esto tiene una repercusión que no es menor. El SAE está sometido al control financiero permanente por parte de la Intervención, lo que implica un control a posteriori y aplicando técnicas de auditoría. Cuando las competencias pasaron a la Consejería de Educación, la Intervención sí pudo realizar una labor interventora en profundidad y «a priori», antes de que se concedieran las ayudas. Lo que ocurre también es que a partir de 2012 la Junta cerró el grifo de las convocatorias de ayudas de formación. Y aún sigue cerrado.

La interventora de Cádiz adujo que una de las tareas más arduas fue lidiar con el desordenado envío de documentación por parte del Servicio Andaluz de Empleo. Aseguró en este sentido que en algunos casos llegaron cajas con expedientes «totalmente desordenados», lo que fue una «limitación importantísima» a la hora de realizar su labor. Reconoció que es posible que «un papel trascendente esté en un sitio que no debería estar». «El desorden de los expedientes fue importante, lo más difícil del trabajo». El interventor de Almería también avaló este desorden. Y enmarcó en la falta de medios y las circunstancias con las que trabajaban que los delegados provinciales emitieran un certificado en el que avalaban que las subvenciones no tenían irregularidades y se ceñían a los fines previstos. Un extremo que recogió del corpus de irregularidades la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya que esto permitía que las empresas siguieran recibiendo subvenciones.

Este aspecto sirvió de enganche a la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero para poner de relieve que el entonces delegado provincial de Empleo Juan Bouza emitió un certificado señalando que estaba todo correcto respecto a una subvención a la empresa Observa, relacionada con el actual delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y con la hija de una ex senadora del PSOE. Sin embargo, el informe especial recoge «cinco folios con irregularidades».

La interventora provincial se limitó a reconocer dichas irregularidades. El momento más tenso se vivió cuando Teresa Ruiz Sillero afeó a la interventora que en su declaración ante la Guardia Civil sí reconociera que se podía producir un posible menoscabo de fondos.