La juez atiende a la Fiscalía y mantiene en la cárcel a un testaferro

Uno de los testaferros de la trama de los ERE, Juan Francisco Algarín Lamela, seguirá en prisión, donde permanece desde el pasado 15 de enero por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales

Uno de los testaferros de la trama de los ERE, Juan Francisco Algarín Lamela, seguirá en prisión, donde permanece desde el pasado 15 de enero por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Así lo ha acordado la juez Ana Rosa Curra, que sustituye a la magistrada Mercedes Alaya, de baja desde el pasado mes de septiembre. Curra, según apuntan fuentes judiciales a Ep, ha dictado un auto, que ayer no había sido trasladado a las partes, en el que rechaza la solicitud de libertad planteada por la defensa del testaferro.

Esgrime los motivos reseñados por Alaya en su día para mantener en prisión preventiva a los tres primeros encarcelados: la posibilidad de fuga, la destrucción de pruebas o la posibilidad de entorpecer la instrucción judicial al entrar en contacto con otros imputados.

Ahora tiene que pronunciarse la Audiencia Provincial de Sevilla, que ya se opuso a los primeros autos de prisión sin fianza dictados por Alaya contra el ex consejero Antonio Fernández, el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero y el que fuera chófer de éste, Juan Francisco Trujillo, abriendo el camino para que éstos salieran de la cárcel.

Ana Rosa Curra atiende con su decisión la petición de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público se opuso a la libertad de Algarín argumentando que persistían los motivos por los que Ana Rosa Curra solicitó su ingreso en prisión, provisional, comunicada y sin fianza.

Juan Francisco Algarín desempeña un papel clave en la línea de investigación que está llevando a cabo el juzgado, de la mano de la Guardia Civil, y sobre la que se ha prorrogado recientemente el secreto de sumario. El juzgado sigue la pista a cómo el dinero proveniente de las abultadas sobrecomisiones –las dos mediadoras habituales cobraron 34,5 millones en cinco años– se introducía de nuevo en el sistema financiero con apariencia de legalidad. Para esta operación de «lavado» se crearon una serie de empresas pantalla.

Juan Francisco Algarín Lamela aparece de hecho como administrador solidario de una de ellas: Distripack Transporte Urgente SL. Las otras dos que han trascendido hasta el momento son: Estudios Agenciales y Atrado Mensajería. Las tres eran utilizadas presuntamente por el «conseguidor» Juan Lanzas, el bufete Estudios Jurídicos Villasís –donde también trabajó Lanzas– y la mediadora Vitalia.

Según un oficio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el presunto testaferro habría cobrado 362.500 euros a través de 12 cheques entre 2004 y 2007. Algarín aseguró, asimismo, ante la Guardia Civil que Lanzas le mandaba hacer de correo del dinero, llevando maletines con billetes de 500 y 200 euros desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo, hasta una cafetería en los bajos de la Delegación provincial de Trabajo en Sevilla. El encarcelado facturó además 300.000 euros a Mercasevilla por cien toneladas de pintura que nunca entraron en la lonja.