La jueza de los ERE encausa a los ex líderes de UGT y CC OO por ayudas a la minería

Núñez señala también a seis ex altos cargos de la Junta y a dos de un Gobierno de Aznar por las pólizas de la Faja Pirítica de Huelva

Francisco Carbonero, a la izquierda, junto a Manuel Pastrana, en un acto sindical

Núñez señala también a seis ex altos cargos de la Junta y a dos de un Gobierno de Aznar por las pólizas de la Faja Pirítica de Huelva

Esta vez le ha tocado el turno a algunos nuevos. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, ha abierto una pieza separada más a incluir en la tela de la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos. En esta ocasión se investiga a 25 personas por ayudas públicas superiores a los 40 millones concedidos en 2003 desde la Junta y el Ministerio de Trabajo a cinco explotaciones mineras de la Faja Pirítica de Huelva en un contexto de crisis del sector: Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis –Bolsa de Tharsis e Insersa– y Minas de Río Tinto. Al grupo de señalados pertenecen once sindicalistas, entre ellos los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CC OO-A, Francisco Carbonero; y seis ex altos cargos del Gobierno autonómico: los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez. A la hilera se suman la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo de ese ministerio en uno de los gobiernos populares de José María Aznar, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova, respectivamente; dos mediadores, José González de Uniter y el abogado Carlos Leal; así como cinco trabajadores incorporados «indebidamente» en la póliza de Almacenes Delgado, esto es, cinco integrantes del grupo de los llamados en el sumario del proceso «intrusos».

La instructora ve indicios de los supuestos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos y, según deja constancia en su auto, fechado el 26 de junio y difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo actuado hasta ahora en torno a las subvenciones para la constitución de pólizas de prejubilación para esos trabajadores de la Faja Pirítica onubense ha evidenciado la existencia de «tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal». El primero pasa por «la inclusión en dichas pólizas de personas que nunca habían trabajado en las minas» de esas comarcas. El segundo se centra en «la asignación de coeficientes reductores falseados para el cálculo de la ‘edad química’» de quienes se acogieron a los ERE de las empresas afectadas, de modo que, se explica en la resolución de Núñez, «como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento» en algunos ex operarios de la mencionada «edad química». Por último, la magistrada pretende analizar en este bloque «el papel jugado en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los ex trabajadores», a través de «sus representantes sindicales» y «en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter». Se refiere a una entidad que los sindicatos UGT y CC OO acordaron crear, de acuerdo al relato judicial del auto consultado por LA RAZÓN, para gestionar las medidas sociolaborales de aplicación en un protocolo de colaboración rubricado entre la Consejería de Empleo y esas organizaciones sindicales en abril de 2003 para desarrollar un acuerdo marco previo sobre la Faja Pirítica de septiembre de 2002, de forma que se ampliara el «colectivo denominado históricos».

Pero las anomalías no acabarían ahí, a la luz de la resolución de la jueza. Las irregularidades alcanzarían «al destino de las cantidades que el Fogasa –el Fondo de Garantía Salarial, un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Empleo– debía abonar» a los «beneficiarios de las pólizas». Y es que tendrían que haber sido asignadas «al pago de parte de la prima» de aquéllas, pero acabaron yendo a parar a «fines distintos».

En la lista de investigados en esta pieza figuran, además de los nombrados, los dirigentes sindicales de UGT Salvador Mera, Víctor Fernández, Manuel Chaves Castilla, Luciano Gómez y Begoña Abdelkader. Por lo que respecta a CC OO, están en el alambre judicial Rafael Varea, Manuel Roberto Carmona y Juan Manuel Moreno. Por contra, Núñez ha optado otra vez por no encausar a más de doscientos empleados que figuraban en atestados de la Guardia Civil como agraciados por el dinero público.