La jueza del “caso Aznalcóllar” frena ahora el vuelco de correos de la Junta

Alega razones de «seguridad jurídica» para impedir a la Guardia Civil acceder a los «e-mails» de cuentas de cargos, dado que existen recursos sin resolver

Vista de la mina sevillana de Aználcollar, cuya reapertura investiga un juzgado
Vista de la mina sevillana de Aználcollar, cuya reapertura investiga un juzgado

Alega razones de «seguridad jurídica» para impedir a la UCO acceder a los «e-mails» de cuentas de cargos, dado que existen recursos sin resolver

Nuevo paso atrás en el «caso Aznalcóllar» en el que se investigan irregularidades en la concesión de la mina sevillana a México-Minorbis. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, suspendió ayer el volcado y la entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los correos que ella misma, en una pieza declarada secreta, ordenó intervenir a tres altos cargos y una docena de funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, correspondientes a casi una veintena de cuentas.

Antes del mediodía, un agente del Instituto Armado se personó en el juzgado para volcar el contenido del disco duro que almacena la información que se extrajo de las instalaciones de Empleo el 23 de enero, pero la jueza lo detuvo. ¿El motivo? Aún «no se han podido resolver» los recursos presentados por algunas defensas de los afectados contra esa decisión, «al encontrarse las actuaciones en Fiscalía», según se refleja en un acta judicial levantada sobre la comparecencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Y esto pese a que, como la propia magistrada reconoce también en ella, esos recursos no tienen «efectos suspensivos». Con todo, la instructora decidió suspender la diligencia «por razones de seguridad jurídica» y «a la espera de lo que se resuelva» en el futuro «sobre las peticiones en curso».

Al margen del investigador de la UCO, asistieron al acto frustrado los abogados de varios encausados, entre ellos el de la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, María José Asensio, uno de los que demandó al juzgado que no se procediera al vuelco de las cuentas corporativas «pinchadas» al entender que podría provocar «irreparables perjuicios» y la vulneración de derechos fundamentales con una investigación que tildó de «prospectiva».

Según fuentes del caso, la Guardia Civil se incautó de toda la correspondencia electrónica de los señalados, sin aplicar ningún filtro, del periodo comprendido entre 2013 y 2016, aunque la jueza sólo autorizó a la UCO «al volcado y estudio» exclusivamente de «aquellos pasajes de los correos que, encontrándose directamente relacionados con el objeto de la presente investigación, con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa», resultasen «relevantes» para «el avance y completo esclarecimiento de los hechos» que se analizan. Entre los «e-mails» por intervenir se encontraban de arranque los del titular de la Consejería de Empleo, José Sánchez Maldonado, aunque finalmente la UCO no pudo abrir las compuertas de su cuenta por la condición de aforado que le otorga su escaño en la bancada socialista del Parlamento autonómico.

Una decisión “poco habitual”

Sí pudieron acceder a los de la propia Asensio, a los de su antecesor en el cargo, el ex viceconsejero Luis Nieto; y a los del ex secretario general de Industria, Energía y Minas y actual interventor general de la Junta, Vicente Fernández Guerrero. Pero los investigadores tendrán que esperar para leerlos, a pesar de que, según fuentes judiciales, ello se deba a «una resolución poco habitual» porque «lo recursos no paralizan actuaciones penales», lanzan, para insistir: «La jueza habrá querido evitar nulidades, pero no es lo normal».