La Junta acumula 155 encomiendas de gestión por valor de cerca de 100 millones

El Portal de la transparencia recoge los diferentes encargos a la «administración paralela», cuya reiteración ya fue puesta en cuestión por la Cámara de Cuentas y en otras comunidades critica ahora el Tribunal de Cuentas

Lo extraordinario como ordinario. El Portal de la transparencia, hasta este mes de abril, recoge un total de 155 encomiendas de gestión (una técnica administrativa para la traslación del aspecto material de una potestad a un órgano distinto del encomendante) por un importe que se aproxima a los 100 millones de euros, en total 97.158.131 euros. Estas encomiendas, que se mantienen en ejecución en muchos de los casos, son en su mayoría de 2015 aunque hay alguna recogida que arrancó en 2013 y también concluyó en el pasado año, como una a IDEA de 446.145,95 euros. Tragsa es la agencia más repetida en las encomiendas de gestión, además de Sandetel. También aparecen otras como la Agencia de vivienda, la Fundación progreso y salud, el Instituto de estudios de Hacienda pública, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), la Agencia de Agricultura (Agapa) o la Agencia del conocimiento.

Por partidas sueltas, destacan partidas de más de dos millones para Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; casi seis millones para Amaya, para «actuaciones manuales de selvicultura preventiva contra incendios forestales en la comunidad autónoma de Andalucía 2015»; o más de 2,6 millones para Sandetel, para la gestión de los sistemas de información de la Consejería. También hay encomiendas de menor cuantía, de entre 5.000 y 7.000 euros. En total, 155 encargos a la «administración paralela», hasta la fecha, que suponen una inversión que roza los 100 millones de euros, según los datos del Portal de la transparencia.

El Pleno del Tribunal de Cuentas señaló en los informes de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública aplicables por las entidades del sector público de las comunidades, el «uso inadecuado» –en este caso en Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja– en el uso de este instrumento, «así como las deficiencias en el cumplimiento de sus requisitos». El Tribunal de Cuentas fiscaliza a las comunidades sin órganos que realicen esta función. En Andalucía, la Cámara de Cuentas ya apuntó una serie de «incidencias» en las encomiendas de gestión a entidades instrumentales de la Junta, la conocida como «administración paralela». Entre ellas, que no se presenten «razones suficientes» para emplear dicha figura, señalando que esos trabajos «le cuestan a la Administración de la Junta, además de los costes reales, un seis por ciento más como máximo».

La Junta de Andalucía acumula sentencias judiciales en contra de la «administración paralela», lo que los tribunales han calificado en algún fallo como una «huida del derecho administrativo». El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a instancias de un recurso del sindicato CSIF-A, ya falló en contra de una encomienda de gestión que realiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). Como en otras sentencias similares, argumentaba el fallo que se trataba del intento frustrado de la Junta de que personal no funcionario desempeñe funciones que son exclusivas de esos trabajadores públicos. Recientemente, el Parlamento andaluz tumbó un decreto ley de la Junta por las mismas razones en relación con los trabajadores de la extinta Faffe. Susana Díaz se encontró con la oposición de PP, Podemos e IU y la abstención de C’s.

El consejero Ramírez de Arellano mencionó en comisión parlamentaria que el Informe de la Cámara de Cuentas, que recoge algunas críticas relacionadas con la fórmula de gestión que ha dado lugar a algunas encomiendas de gestión a entidades como el Consejo andaluz de cámaras de comercio o la Agencia IDEA, en relación a algunas subrogaciones de esas encomiendas de gestión, que «desde luego, hay que tener muy en cuenta las advertencias de la Cámara de Cuentas, sin perjuicio de que la propia Ccámara haya eliminado las dudas sobre su legalidad».

El Tribunal de Cuentas, por su parte, señala en el último informe que «la encomienda de gestión de carácter contractual es un negocio jurídico en función del cual un órgano administrativo, un organismo público o una entidad del sector público –órgano encomendante–, encarga a otra administración o a otro ente, organismo o entidad del sector público –órgano encomendado– que tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación de contenido materialmente contractual; esto es, la ejecución de una obra, la realización de un suministro o la prestación de un servicio, a cambio de una contraprestación económica». Lo determinante en su empleo, que «se ha ido incrementando tanto cuantitativa como cualitativamente en los últimos años, señala el órgano fiscalizador», y que «constituye una excepción a la aplicación de la legislación reguladora de la contratación pública y, por tanto, a los principios de libertad de acceso a las licitaciones con concurrencia y publicidad». El Tribunal de Cuentas alerta de «una deficiente justificación de la falta de medios del órgano encomendante para el desarrollo de las actividades encargadas en las encomiendas, convertida en un mero enunciado formal de circunstancias o situaciones que no han quedado suficientemente acreditadas», aspecto que se repite en las críticas a la Administración andaluza que ya señaló la Cámara de Cuentas.