La Junta acumula ya más de 330 recursos de SAF y CSI-F este año

El Gobierno andaluz ha sido adalid de la concertación social durante más de una década. Recientemente el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, volvió a proponer en el Parlamento regional que se incluya en el Pacto por Andalucía «un gran acuerdo» de esa naturaleza entre la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y las centrales sindicales «que se dirija a fortalecer la negociación colectiva y a consolidar a los agentes sociales, empresarios y sindicatos como sujetos de diálogo y paz social».

Si bien, fuentes sindicales apuntan una distinción sobre esa afirmación: «El Ejecutivo autonómico practica con algunos sindicatos como UGT o CC OO la concertación social, mientras que con otros parece decantarse por la 'concertación judicial'», ironizan. De hecho, el listado de procesos iniciados en los tribunales en 2012 por algunas de estas organizaciones es elocuente.

En concreto, fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) detallan que registraron una treintena de recursos vinculados a «ilegalidades cometidas en convocatorias de puestos de trabajo al amparo de los artículos 27 y 30 de la Ley 6/1985». Y explican el grueso de los mismos: «En ocasiones los funcionarios con carácter provisional se nombran de forma arbitraria, sin motivar y premiando a unos sobre el resto y, en el caso del artículo 30, a veces dejan participar a interinos acogidos al pacto de estabilidad, ya anulado».

A lo anterior hay que sumar otra decena de procedimientos ligados a puestos de libre designación (PLD), los denominados cargos «a dedo»; 12 por incumplimiento en prevención de riesgos laborales; y el mismo número por equiparación de nivel o grado, cuando se realizan tareas con responsabilidad superior.

Pero no termina ahí la relación: presentaron también 15 denuncias por usurpación de funciones y externalización de las mismas, 21 querellas por prevaricación; ocho recursos englobados bajo la etiqueta «requerimientos contratos y documentación externos»; y dos sobre derechos sindicales por la exclusión del SAF en mesas de negociación del sector público.

Otro de los temas que ha enfrentado este año al sindicato con la Junta, la rebaremación del concurso de méritos, provocó 32 recursos, algunos por la vía de los derechos fundamentales. Uno más se inició por delegación de competencias; otro por los estatutos de la Agencia Tributaria de Andalucía (ATA) y 16 unidos a otros conceptos como reglamentos y disposiciones generales sin rango de ley. En total 160 procesos, sin incluir los recursos interpuestos «por la vía administrativa en sí», con los que, según apuntan, la cuantía podría elevarse a alrededor de los 200.

«Además –matizan–, 2011 también fue muy beligerante en temas judiciales por la reordenación del sector público y aún existen muchos expedientes abiertos sin resolver de manera definitiva».

Por su parte, fuentes del gabinete jurídico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) cifran en 172 los procedimientos emprendidos este año «a nivel institucional». De ellos, cinco en contra «de los recortes adoptados por la Junta y el Gobierno central»; y 120 por distintas órdenes y resoluciones del Ejecutivo andaluz, «incluidos todos los que se han iniciado en virtud del concurso de méritos», anotan.

Cuatro fueron provocados por subvenciones, entre ellas una concedida a la polémica y extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Incorporan otros 13 originados por encomiendas de gestión a entidades del sector público autonómico «de la llamada Administración paralela». Los organismos afectados son la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Sadesi), el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Fundación Iavante, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Agencia Andaluza del Agua, Inturjoven y Tragsatec.

Por último, agregan una treintena de procedimientos confidenciales «de los que no se pueden publicar datos por aparecer como partes interesadas personas físicas». En definitiva, la Junta acumuló este ejercicio 332 nuevos recursos judiciales sólo de estas dos centrales sindicales –sin los administrativos a los que aludía el SAF– que ponen en duda el «talante dialogante del bipartito».