La Junta admite irregularidades y reclama documentación a empresas

El fraude de los cursos de formación se juega en varios terrenos. La Junta de Andalucía, a través del consejero de Empleo, Empresa y Comercio ofrece información en el Parlamento de Andalucía, atiende los requerimientos que le llegan desde distintos juzgados que investigan el presunto fraude en las ayudas e impulsa su revisión de oficio de los expedientes. En este sentido, recientemente ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nuevas notificaciones y resoluciones administrativas correspondientes a expedientes de subvenciones concedidas en materia de Formación para el Empleo. La dificultad reside en que muchas de las sociedades a las que se le reclama documentación como paso previo a un posible reintegro están ya extinguidas, lo que dificulta la labor de los funcionarios .

El pasado 25 de agosto, el BOJA publicó una notificación a tres empresas a las que se les había podido localizar por otras vías. El anuncio de 29 de julio de la delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla –correspondiente a la antigua estructura de la Junta– consiste en un requerimiento de documentación a tres sociedades que recibieron subvenciones en materia de Formación para el Empleo ante el «incumplimiento de la obligación de presentar cuenta justificativa». En concreto de Alsima Consultores, José Palma Moreno (Academia S.E.A.) y Sitan S.L.

La cuenta justificativa es el instrumento principal para demostrar ante la Administración el buen uso de la ayuda recibida. Normalmente, y transcurrido el plazo legal sin entregarla, se inicia el procedimiento de reintegro de la ayuda. Las empresas debían entregar «una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución o convenio de concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, así como de las desviaciones o incumplimientos acaecidas».

Igualmente, la normativa andaluza incluía, entre otras cosas, la presentación de «una memoria económica abreviada» en el que las empresas debían incluir «un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas» y «una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad». Otro de los requisitos era la inclusión «del informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el registro oficial de auditores de cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas» y «en el caso de que las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá aportarse una relación detallada de éstos con indicación del importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas».

En la última comparecencia del consejero Sánchez Maldonado en julio en el Parlamento de Andalucía, la Junta admitió que ya ha pedido el reintegro en firme de 71,9 millones de euros por subvenciones concedidas por la Administración autonómica desde 2007 a 2012. En total, la Junta fiscaliza, tanto de delegaciones provinciales como de servicios centrales 8.505 expedientes por un importe total de 1.613 millones de euros. La mayoría están en distinta fase administrativa y quedaban 1.078 expedientes pendientes de revisión por un importe de 222 millones.