La Junta admite que el bloqueo podría provocar la pérdida de 600 millones

El objetivo de déficit de 2017 para las autonomías se mantendría en el 0,1 por ciento y no en el 0,5 porque no está aprobado.

La Junta de Andalucía admitió ayer por primera vez que si el Gobierno no lleva al Congreso de los Diputados para su aprobación la «modificación del techo» del objetivo de déficit para 2017 que permite a las comunidades autónomas pasar del 0,1 al 0,5 por ciento, no dispondría de «como mínimo 600 millones de euros» para las cuentas del próximo ejercicio. Se trata de una cifra aproximada, que ya ofreció hace semanas el PP y que ratificó ayer tras el Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tras la negociación del Gobierno de España con la Unión Europea, modificó los objetivos de déficit. Así, El Ministerio de Hacienda ha fijado para 2019 el equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas, el déficit cero, según fuentes del departamento. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se acordó que para 2017 se pasaría del 0,1 por ciento previsto al 0,5% del PIB. El porcentaje se reduciría al 0,3 en 2018 y sería en 2019 cuando habría que situarse en el equilibrio presupuestario (0).

El problema principal es que la modificación del objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2017 «es una decisión que tiene que ser convalidada por el Congreso de los Diputados». Si este hecho no se produce, seguirá vigente el anterior objetivo del 0,1 por ciento del PIB. La diferencia entre uno y otro supone contar con alrededor de 600 millones de euros o no hacerlo. La recuperación de los derechos de los empleados públicos o la mejora de los servicios públicos esenciales después de años de recortes se verían afectados.

El problema reside en que desde el Ministerio de Hacienda se señala, como ya detalló este periódico, que no pueden hacer nada porque se encuentran «en funciones». Argumentan que un informe de la Abogacía del Estado deja bien claro que un Ejecutivo en funciones no puede iniciar de manera formal la elaboración del Presupuesto. La modificación del objetivo de déficit o la aprobación del techo de gasto que sirve para elaborar las cuentas supondrían una infracción legal. Tendría que ser, en todo caso, un nuevo Gobierno –o el que salga de unas hipotéticas terceras elecciones–e el que iniciara todo el procedimiento.

La Junta contrarresta esta teoría con otra. Vázquez apuntó ayer que «sería absurdo pensar que las comunidades autónomas no pueden elaborar sus presupuestos por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que sería tanto como supeditar a las comunidades autónomas al devenir del Gobierno de la Nación, pisoteando el título VIII de la Constitución».

Todas las comunidades autónomas están pendientes de ver cómo se desbloquea la situación para elaborar sus cuentas públicas. En el caso de Andalucía, según mandata el Estatuto de Autonomía de la región, éstas deben ser entregadas en el Parlamento antes del 31 de octubre, por lo que el tiempo apremia.

El Ejecutivo andaluz mantiene que la actitud del Ministerio de Hacienda es un «chantaje» para que las regiones presionen y se rebelen contra el bloqueo político. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se mantiene hasta la fecha al margen. Desde el PSOE-A han mostrado su oposición a unas terceras elecciones y tampoco ven una alternativa viable al Gobierno de Rajoy, pero en ningún caso se han manifestado públicamente a favor de la abstención de su partido para la nueva legislatura se desarrolle con normalidad.

Aún así, desde la Junta y desde el PSOE andaluz se insistía ayer en que Andalucía tendrá un nuevo presupuesto y no prorrogará el actual.

«Certidumbre» y «estabilidad» en la universidad

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ofreció ayer un balance de la situación de las universidades públicas andaluzas ante el inminente inicio –en algunas ya ha comenzado– del curso académico. Arellano informó de que se esperan algo más de 200.000 estudiantes y que se han ofertado 19 nuevos másters. No hizo mención a las dificultades de los centros para la contratación de docentes –habrá 16.352 profesores e investigadores– y sí comentó que su departamento trata de ofrecer «certidumbre y estabilidad» a todos los sectores de la comunidad universitaria.