La Junta anuncia que paga un millón a 60 ex altos cargos, sin dar nombres

El anteproyecto de Ley de Transparencia de la Junta de Andalucía se antoja nonato, pidiendo a gritos una cesárea para romper el silencio alrededor de asuntos de evidente interés ciudadano. La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, habló ayer de «un salto importante», «una nueva etapa» y de «un referente y un ejemplo». «Dudo que aprobemos otra norma con más trascendencia», dijo. La norma, de entrada, resulta nula ante un caso como la reciente y opaca subida de sueldo en el Parlamento. Y, paradójicamente, después de más de seis meses siendo requerida al respecto, la Junta sólo esbozó ayer las cifras de las cesantías sin entrar en detalles en un artificio de sombras chinescas. El día de la puesta de largo del anteproyecto de Ley de Transparencia, Susana Díaz desveló que la Administración se ha gastado en torno a un millón en un privilegio político, sin entrar en detalles sobre los agraciados con una compensación económica sin tener que hacer nada, en compensación por los servicios prestados.

La Junta gastó casi tres millones en cesantías desde abril de 2005 a mayo de 2011. El bipartito rechazó derogarlas en julio de 2012. Un ejemplo de cesantía: José Luis Blanco, ex consejero de Medio Ambiente y ex parlamentario del PSOE que durante casi un año estuvo cobrando 4.000 euros al mes, hasta que fue nombrado Autoridad Portuaria de Cádiz, pese a que es maestro en excedencia especial y tiene plaza reservada. Los ex altos cargos, al no percibir prestación por desempleo, tienen derecho por ley a una asignación económica. Susana Díaz cifró en unos 60 los ex altos cargos de la Junta que en lo que va de legislatura han recibido indemnizaciones por cesantías por un importe aproximado de un millón. Este mes, se han acogido siete ex altos cargos a las cesantías; el mes pasado, doce; y el próximo, serán dos. En la Ley de Transparencia se recogerá que la Administración andaluza tendrá que poner a disposición de la ciudadanía, mediante un mecanismo de publicidad activa, los datos de las retribuciones de los altos cargos y también de las indemnizaciones por abandono del cargo.

Una disposición heredada de Chaves, argumentada en un «impulso democrático» y aprobada por PSOE, IU y PA, establece que los altos cargos de la Junta y los diputados sigan cobrando una indemnización al cesar que equivale a un mes de salario por año de desempeño, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce incompatible con otros ingresos. En la práctica, significa que altos cargos imputados pueden estar a sueldo de la Administración. También, funcionarios, como en el ejemplo citado. Hasta ahora, la Junta, como el Ejecutivo central, ha aludido a la Ley de Protección de Datos para no facilitar los datos requeridos. La inexistencia de un registro público con acceso para la ciudadanía impide la apertura que proclama la Junta y de la que se enorgullece con el anteproyecto de Ley de Transparencia.

Las casas gratuitas de los diputados, como perceptores de indemnizaciones por vivienda; el protocolo presidencial, cifrado en 1,2 millones, y que sólo puede fiscalizarlo el presidente de la Cámara de Cuentas, el cual Díaz aseguró que «ese gasto no existe» pese a tener consignación; y la deuda de la Junta (20.000 millones a 31 de diciembre, sin contar proveedores u otras obligaciones reconocidas) son otros de los asuntos a los que, en teoría, la Ley de Transparencia debe poner coto.

La Junta ha incluido a todas las administraciones y entidades financiadas con fondos públicos en la futura ley. Con todo, la consejera de Presidencia admitió que un caso como el de las subidas opacas de sueldo, a través de dietas, por parte del Parlamento –que ya ha acordado, tras hacerse público por la prensa, su devolución– escapa a la normativa por aquello de la «separación de poderes y su autonomía». Díaz, que calificó la norma como «una apuesta valiente y ambiciosa para recuperar la confianza», indicó, sobre la subida de salario en el Parlamento, que se han dado «suficientes explicaciones» y el «error está subsanado» y responde a «una falta de sensibilidad». «Hay que ser respetuosos con el legislativo; pregúntele a él (al presidente de la Cámara, Manuel Gracia)», alegó a la hora de preguntársele por dimisiones. «Es un error que eclipsa el esfuerzo de la inmensa mayoría de cargos, y espero que no se vuelva a repetir», dijo, cifrando en una reducción del 27% el recorte en el sueldo de Griñán desde que era consejero. Según indicó, ella conoció el acuerdo por la prensa. «La información pertenece a la ciudadanía», fue uno de los mantras de la consejera. Parafraseando una legendaria serie, en este caso, la verdad no está ahí fuera, sino en los documentos de la Junta. Otro botón de muestra: la norma también rechaza que se haga público el patrimonio de los familiares de los altos cargos.