La Junta aprueba el III Plan de Inmigración para reforzar la integración social de la población extranjera

El Consejo de Gobierno ha aprobado el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, que se desarrollará hasta el año 2016 con el objetivo básico de asegurar el acceso de los inmigrantes a los servicios básicos de sanidad, educación, empleo, vivienda, asistencia social y atención jurídica.

La nueva estrategia, coordinada por la Consejería de Justicia e Interior y en la que participarán todos los departamentos del Gobierno andaluz, establece 172 medidas agrupadas en 11 áreas: socioeducativa; sociolaboral; sociosanitaria; inclusión y bienestar social; equipamiento, vivienda y alojamiento; cultura, ocio y participación; atención jurídica; formación; investigación; sensibilización social, y cooperación internacional.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha informado de que este tercer plan da continuidad a los dos anteriores y pone de manifiesto el "esfuerzo político y jurídico"del gobierno para facilitar a la población inmigrante el acceso a distintos servicios en similares condiciones a la población autóctona. En concreto, ha precisado que este tercer plan se centra especialmente en la gestión de la diversidad, mientras que los dos anteriores lo hacían en la acogida y la integración de la población inmigrante. "En Andalucía, la inmigración es un hecho estructural, no coyuntural", ha subrayado.

El desarrollo del plan se adaptará a las dotaciones en cada área en los presupuestos de la Junta hasta 2016, cuyas previsiones iniciales para estas políticas se sitúan en unos 1.257 millones de euros. Más de la mitad de los recursos consignados se destinarán a proyectos educativos, dirigidos especialmente a la enseñanza del español en aulas de adaptación lingüística y al mantenimiento de las culturas de origen a través de actividades extraescolares. Actualmente, más de 90.000 alumnos extranjeros están matriculados en los centros educativos no universitarios de Andalucía (el 86% en colegios e institutos públicos).

Dentro del área sociosanitaria, las medidas previstas ponen el énfasis en garantizar la atención a toda la población inmigrante. Andalucía mantiene así su política de integración normalizada en el sistema sanitario público frente a las limitaciones que han supuesto las nuevas regulaciones estatales.

En el ámbito sociolaboral se trabajará sobre todo en el desarrollo de servicios de asesoramiento y asistencia en materia de empleo, mientras que las iniciativas en el área de vivienda se dirigirán sobre todo a grupos de especial dificultad para el acceso y a trabajadores temporales desplazados de sus residencias habituales.

Las medidas de inclusión y bienestar social se dirigen sobre todo a facilitar el acceso de la población inmigrante a los servicios y recursos públicos. Para reducir el efecto de las barreras lingüísticas, se creará un servicio de interpretación simultánea mediante teléfono móvil. Asimismo, el plan refuerza la atención a los menores extranjeros no acompañados y el acogimiento de víctimas de explotación sexual.

Del resto de iniciativas previstas, destaca el reforzamiento de la atención jurídica gratuita a través de la creación de servicios específicos para personas extranjeras en los Colegios de Abogados. Asimismo, se ofrecerán cursos de formación especializada a los profesionales de los Servicios de Atención Jurídica al Detenido y del turno de oficio. El área formativa también prestará especial atención al personal de la gestión local y al empresariado, dada la importancia de estos dos colectivos en las relaciones con la población inmigrante.

Andalucía cuenta actualmente con un censo de 657.815 personas extranjeras, incluidos los de origen comunitario. Los países con mayor aportación son Marruecos (125.258), Rumanía (98.195), Reino Unido (90.827) y Alemania (19.342), seguidos de Italia, China, Colombia, Bolivia y Argentina, entre otros.

La mayor parte de la población extranjera residente en Andalucía en situación administrativa regular pertenece al grupo de edad de 18 a 64 años (80,6%), lo que demuestra el carácter predominantemente laboral o económico de la inmigración en la comunidad autónoma. Los menores de 18 años suponen un 12% y los mayores de 64, un 7%.