La Junta carga contra la Policía Judicial y evita cesar a los altos cargos investigados

La Junta dejó ayer claro que la citación como investigados –antes imputados– de dos altos cargos de la Administración por parte del juzgado que se encarga de instruir la denuncia penal interpuesta por un grupo de asesores de empleo despedidos no tiene nada que ver con la corrupción política y, por tanto, de momento, no los releva de sus cargos. Al mismo tiempo, respondió con un ataque contra la Policía Judicial por realizar una interpretación «errónea» de las diferentes sentencias judiciales que se han ido produciendo. El caso, en suma, tensiona las relaciones entre los dos socios de Gobierno. Una de las 72 medidas suscritas por PSOE y C’s recoge precisamente que separarán de inmediato a cualquier cargo que resulte imputado «por corrupción política».

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) reaccionó ayer vía comunicado después de que el lunes trascendiera que el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha citado en calidad de investigados al actual director general del SAE, Julio Coca, y a su antecesor en el cargo, Antonio González Marín. Este último hace un mes que la Junta lo nombró director general de la Agencia IDEA. El principal motivo de la denuncia interpuesta por los delitos de prevaricación y discriminación en el empleo es la arbitrariedad del Gobierno autonómico a la hora de reincorporar o no a ex empleados con despidos nulos o improcedentes.

El Servicio Andaluz de Empleo esgrime que «ha dado cumplimiento y ejecutado todas y cada una de las sentencias que sobre el colectivo han recaído, incluidas las de los 17 denunciantes. Todas ellas, tanto las que han declarado la nulidad de los despidos, como las que los han declarado improcedentes. Tanto las firmes como las provisionales».

La denuncia presentada por los asesores adscritos al extinto plan Memta de la Junta documenta –con la aportación detallada de sentencias– una situación radicalmente distinta. La mayoría de los fallos de los juzgados de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han declarado los despidos nulos o improcedentes. Sin embargo, «sin razón ni motivo objetivo aparente que pueda justificarlo –consta en la denuncia–, el organismo denunciado ha procedido en algunos casos a readmitir a unos trabajadores y a otros no; a recurrir algunas sentencias y otras no». Esto –en opinión de los denunciantes– evidencia «la desigualdad de trato a supuestos de hechos idénticos, sin la existencia de una resolución administrativa previa que pueda justificarla».

En la denuncia interpuesta se adjunta también un informe de los servicios jurídicos de la Junta, suscrito por la secretaria general, María de la Luz Fernández Sacristán, en el que manifiesta «la imposibilidad material de readmitir a los asesores de empleo y, pese a ello, sí se ha procedido con absoluta arbitrariedad a la readmisión y no recurso de algunas sentencias; y de otras sí recurren y no readmiten».

Uno de los casos más llamativos –contenido también en el escrito dirigido el verano pasado al juzgado– es el de los cuatro asesores de empleo de Jaén. Los cuatro obtuvieron un despido improcedente. La Junta podía readmitirlos o indemnizarlos. Tuvo que readmitirlos porque no alegó en los cinco días que legalmente tenía disponibles para ello. Tres de ellos son familiares de ex concejales del PSOE. Otros empleados afectados, como aseguró a este periódico uno de los denunciantes, se han visto en la calle en iguales circunstancias.

El Servicio Andaluz de Empleo alega en este sentido que uno de los reincorporados era representante sindical y por tanto «tenía la capacidad de elegir entre la indemnización por despido improcedente o la incorporación». «Los otros tres fueron incorporados por una decisión del juzgado de lo Social de Jaén, que consideró fuera de plazo la decisión de la Junta de proceder a su indemnización, hecho que fue recurrido por los servicios jurídicos de la Junta».

La denuncia, alega el comunicado de la Consejería de Empleo, es «falsa» por cuanto «no ha existido discriminación alguna en el trato dispensado al colectivo». Al mismo tiempo, carga contra la labor de la Policía Judicial encargada de las pesquisas. «El atestado policial que consta en las actuaciones confunde y realiza una interpretación errónea de las diferentes sentencias judiciales, de las instrucciones dadas por la Consejería de Hacienda y los Servicios Jurídicos al SAE para acometer las reincorporaciones de este colectivo».

La Junta se cierra en banda con que no se trata de un caso de corrupción política y por eso no ha anunciado ningún tipo de medida que afecte a los altos cargos imputados. En este sentido, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, dijo ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Junta ha dado «muestras indiscutibles» de «no convivir» con nada que se parezca a la corrupción. Redujo las imputaciones a un asunto de «gestión administrativa».

El Gobierno andaluz ya le ha trasladado información de este caso a Ciudadanos, que prefiere esperar y examinar a fondo el asunto. El líder de la formación en Andalucía, Juan Marín, ya reconoció recientemente el «enfriamiento» de las relaciones entre ambas formaciones debido a la comisión de investigación parlamentaria por los cursos de formación a la que asistirá Susana Díaz. C’s está en una situación comprometida al no llevarse a cabo otras de las medidas que ha pedido como la reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El SAE reconoce que ha readmitido a 182 de los 413 empleados despedidos a finales de 2012.