La Junta cifra ahora en 638 las viviendas vacíasde su propiedad

Después de que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, defendiera insistentemente que la Junta de Andalucía no tiene viviendas vacías, ayer –en el transcurso de una comisión parlamentaria– aseguró que la Administración autonómica disponte de 638 Viviendas de Protección Oficial (VPO) deshabitadas y que están proceso de adjudicación. Cortés insistió en que las viviendas desocupadas gestionadas por su departamento nunca han sido 5.000, como ha asegurado el PP, y que esas cifras, así como las que elevaban el número de viviendas desocupadas del parque público a 60.000, se deben «a la nube de azufre con la que se ha querido envolver el decreto de la función social de la vivienda».

A su juicio, ese parque de viviendas propiedad de la Junta «será menor dentro de un mes, ya que mayoritariamente se les ha cambiado la calificación para, en vez de estar a la venta, pasen a formar parte de la oferta de alquiler, además de que cuando se planificaron había demanda, pero la crisis ha hecho que los demandantes de esas viviendas se retiren».

Tras insistir en que esas VPO deshabitadas suponen el 0,1 % del total de las casas vacías en la región –la cifra podría superar las 637.000–, la consejera recordó que desde 2007 se han efectuado en Andalucía 86.000 desahucios, y que esas viviendas deshabitadas conviven con un número de demandantes que se eleva a 189.000.

Ante estos datos, Cortés se preguntó si «alguien pensaba que no había que cambiar las políticas de vivienda» y calificó de «incomprensible» que, hasta ahora que lo ha hecho el Gobierno andaluz, nadie haya pensado en un reconocimiento jurídico expreso de la vivienda vacía.

Con el decreto de la función social de la vivienda, según Cortés, «la vivienda ha pasado de ser una mercancía a un derecho humano fundamental».

Las 81.000 viviendas sociales que hay en Andalucía están habitadas por 350.000 personas, en 516 municipios. En algunos casos los alquileres oscilan entre 8,36 y 10,32 euros mensuales, por debajo de la mitad de IBI que tributan, y están ocupadas por familias que «ni aún en tiempos de bonanza económica podían acceder a un piso en el mercado libre», afirmó Cortés.

Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez aseguró que el decreto «es ineficaz para proteger a los colectivos más vulnerables», se preguntó cuántas viviendas hay a disposición de los desahuciados y si lo que pretende la consejería es hacer un inventario de viviendas vacías, además de recordarle a la consejera que si ha podido pasar de la venta al alquiler las VPO deshabitadas «ha sido gracias a una norma del Gobierno central».

De otro lado, la Junta ha iniciado un expediente sancionador por 1,5 millones y ha reclamado la devolución del dinero a los afectados al grupo Ferro, que contaba con el proyecto de 278 viviendas protegidas en Dos Hermanas (Sevilla) que no ha cumplido con lo acordado.