La Junta conocía el tajo de hasta 1.700 euros en el salario de formadores

Una técnico avisó de la irregularidad a una profesora a la que despidieron tras la «desavenencia», para incluirla luego en los documentos de otro curso de «Elaborador de productos cárnicos» cuyas prácticas fueron el «trabajo diario» de una fábrica.

La Policía ha cazado un sinfín de situaciones irregulares en el ámbito de la investigación instruida por el juzgado número 5 de Huelva en torno a los cursos de formación. Sólo en el expediente centrado en una ayuda de 55.845 euros que la Junta concedió a la empresa Iniciativa y Desarrollo del Conocimiento detectaron una hilera de ellas. Se trata de una sociedad onubense constituida en abril de 2008 con un administrador único: Víctor Miguel V. F., quien como ya informó este periódico recibió ayudas también como autónomo y está ligado a otras empresas como Ideco Consultoría y Formación.

El 22 de noviembre de 2010, V. F. presentó una solicitud para participar en un programa de acciones formativas con compromiso de contratación. Le otorgaron la ayuda, por tanto sin concurrencia competitiva, para un curso de «Elaborador de productos cárnicos» de 730 horas a realizar en el municipio de El Almendro, en concreto en las instalaciones de Jandévalo SL, entidad colaboradora que se comprometió a contratar a seis alumnos. Según los investigadores, de esos 55.845 euros otorgados, 30.924,07 fueron facturados «por las empresas de Víctor Miguel V. F.», es decir el 55,3%. Y no sólo eso, la Policía sostiene que también «jugó con los profesores de la plantilla de sus mercantiles». Una de esas docentes, I. M. S. A., desveló a los agentes, al ser interrogada como testigo, que en enero de 2011 sí participó en un curso de Ideco y que en el transcurso del mismo surgieron «desavenencias con la dirección de la empresa» ya que en una inspección, una técnico de la Administración andaluza le informó de que «los honorarios recibidos por la impartición de dicho curso estaban muy por debajo del salario estipulado». A partir de entonces, según el relato de la profesora, dejaron de «abonarle sus sueldos» y finalmente la despidieron al finalizar la actividad de formación. Su salario «no llegaba ni a 1.000 cuando debiera ser de unos 2.700» –1.700 euros menos–, se recoge en el informe policial consultado por LA RAZÓN. La empresa llegó «incluso a decirle que le ingresarían ese dinero y se lo pondrían en nómina, pero que si quería seguir impartiendo la docencia debería a posteriori devolverles la parte abonada de más», dado que al no ser el salario que percibía en origen «no la podrían mantener en la plantilla». En esa acción formativa sí colaboró, no así en la de «Elaboración de productos cárnicos» desarrollada también en 2011, a pesar de aparecer en la documentación de la que Iniciativa hizo entrega al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) onubense para demandar la subvención. De hecho, no reconoció como suyas «las firmas estampadas en su lugar en las fichas» que la entidad presentó.

Del apartado del informe ligado a los alumnos se puede extraer una conclusión similar a la que Javier Martín aportó a la comisión de investigación parlamentaria que intenta depurar responsabilidades políticas por el presunto fraude en los cursos: hacían «trabajo sucio». Los teóricos beneficiarios de la formación explicaron a los agentes que «las prácticas consistían en el trabajo diario de la fábrica», la planta ya en funcionamiento de Jandévalo, elaborando determinados productos «según la temporada». Una manipulación en la que debían «tener cuidado», ya que los artículos «después se iban a vender», reconocieron. Realizaron «las mismas funciones» que el personal contratado como «embuchar lomos» o «hacer chorizos». A lo que hay que sumar que, para «ocupar el tiempo libre» desempeñaban otras tareas que nada tenían que ver con el curso, del tipo «lijar y pintar unas rejas y barandillas».

Los investigadores trasladaron al juzgado la tesis de que Víctor Miguel V. F. y Fernando M. R., como responsables del curso, «habrían optado» a la subvención por «la experiencia en la gestoría empresarial y el desarrollo de acciones formativas», para después «cederla a un tercero», Jandévalo, «repartiéndose los beneficios» de la misma «prácticamente al 50%». Para la Policía, la Administración actuó «erróneamente al aceptar la justificación de esta empresa» y Víctor Miguel V. F. buscó la subvención para su «beneficio propio». En global, el SAE destinó a él y a Iniciativa 223.467 euros en ayudas vinculadas a los programas presupuestarios 32D y 32L.

Cuantía distinta en el BOJA y en el expediente

Una notable discordancia. Esto es lo que la Policía localizó en relación al dinero otorgado por el SAE a Iniciativa y Desarrollo del Conocimiento. ¿De qué tipo? Según el rastreo de los investigadores, tanto en la Resolución de concesión de la ayuda publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en febrero de 2011, como en una posterior corrección de errores publicitada en el mismo BOJA en mayo de ese año, aparece una cantidad: 111.690 euros. Si embargo, del análisis del expediente administrativo proporcionado a los agentes por el Gobierno regional, se desprende que ésa cuantía «no es la efectivamente concedida, si no que la misma» fue de 55.845 euros. Llama la atención además de los investigadores el hecho de que en la misma resolución figurara otra subvención de 57.525 euros, a nombre del administrador único de esta empresa como persona física».