La Junta cuenta con un ejército creciente de abogados

El gabinete jurídico acumula ya 87 letrados, dos más que en el pasado curso judicial.

El Gobierno andaluz tiene un pelotón de abogados. Se puede comprobar en el número 196 de su Boletín Oficial (BOJA), en el que se publicó la «relación circunstanciada de todos los letrados» a su servicio para el año judicial en curso 2016/2017, ordenados por la fecha de su nombramiento. De acuerdo al contenido de ese listado, que vio la luz gracias a una Orden firmada por el vicepresidente y consejero de Presidencia y Administración Local, el socialista Manuel Jiménez Barrios, el Ejecutivo autonómico cuenta con 87 representantes judiciales, de los que 78 se encuentran en activo, tres de ellos destinados a «servicios especiales» que no se detallan, y otros nueve están en excedencia. Esto supone que ese «bufete» interno oficial se ha incrementado en dos personas con respecto a lo desvelado en el BOJA del 6 de octubre de 2015, en el que una Orden similar, que también ha sido consultada por LA RAZÓN, reflejaba 85 nombres.

Estos profesionales trabajan con una sutil materia prima objeto a menudo de conflictos y entre sus funciones se encuentra la de fijar y defender la posición procesal de la Administración General andaluza y de los entes de su órbita, excepto que las normas internas de éstas o las leyes indiquen lo contrario, en los procesos seguidos ante cualquier jurisdicción, lo que implica que participen en casos dispares como las numerosas diligencias abiertas en torno al hotel del Algarrobico o los ERE presuntamente irregulares. Pueden también representar a los cargos y al personal al servicio de la Junta de Andalucía en los procedimientos judiciales que se dirijan contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus puestos, como hacen, por ejemplo, con el jefe del servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente encausado en el denominado «caso Infoca», según confirman fuentes del mismo, o con algunos de los implicados en la mencionada «macrocausa» de los ERE. A ello suman tareas de asesoría en las consejerías –en la actualidad son trece–, entre otras cuestiones. De hecho, fuentes del Ejecutivo autonómico admiten que, en «los últimos tiempos», el papel de los letrados «ha cobrado fuerza a la hora de mover cualquier papel en la Administración en temas como los pliegos de las licitaciones públicas». Una circunstancia que atribuyen a «los múltiples casos mediáticos» en los que se ha visto inmerso el Gobierno regional en estos años.

La lista del BOJA deja al descubierto además que hay letrados adscritos al Consejo Consultivo de Andalucía, otros en comisión de servicio en la Cámara de Cuentas regional o el Tribunal Supremo (TS) y en la Presidencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta, así como que su labor abarca todo el mapa autonómico, al contar con presencia en las ocho provincias. Y es que este gabinete tiene una sede en la plaza de España de Sevilla, la que acoge a los servicios centrales, y otras ocho destinadas a los servicios jurídicos territoriales situadas en cada una de las capitales andaluzas.