La Junta da marcha atrás para estudiar cómo vigilar las 2,5 horas en casa

«La Junta jamás deja de acatar nada». Así de contundente se expresó ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, en relación al acuerdo alcanzado con los sindicatos que contempla una jornada ordinaria de 35 horas semanales para los funcionarios y dos horas y media de no obligada permanencia en el puesto, después de que el Tribunal Constitucional tumbara las 35 horas semanales a raíz del recurso presentado por el Gobierno central. El Consejo de Gobierno tenía previsto ayer aprobar la medida, que sortea la sentencia del Constitucional, pero finalmente se dio marcha atrás a la espera de que se establezca un sistema para controlar esas dos horas y media de trabajo en casa. «La Junta ha entendido que hay que trabajar con todo el rigor necesario y seriedad, bajo el principio de la seguridad jurídica», subrayó Blanco, añadiendo que «el Gobierno andaluz cumple y quiere hacer las cosas de la mejor manera posible».

De momento, el Ejecutivo andaluz trasladará al Constitucional la solución, aunque no la aplicará. Mientras, la Consejería de Hacienda y Administración Pública deberá encontrar la fórmula idónea para vigilar el cumplimiento de la parte de la jornada no presencial.

Este cambio de postura no fue bien acogido por los sindicatos y la oposición criticó la «improvisación» del Ejecutivo de Susana Díaz. El secretario general de FSC CC OO-A, Agustín de la Cruz, lamentó que, «habiendo avisado de que faltaba el detalle de cómo se demuestra que el empleado público trabaja esas dos horas y media de más no presenciales», la Consejería de Hacienda «no nos dijo que finalmente se iba a incluir un procedimiento de seguimiento de la jornada y, por tanto, aplazar su convalidación». «Me parece una cosa rarísima cuando ayer –por el lunes– tenían mucha prisa», indicó De la Cruz. Por su parte, el secretario general de FeSP UGT-A, Antonio Tirado, consideró que aplazar «una semana» la ratificación de este acuerdo «es necesario para que no haya malentendidos ni desconfianzas en su cumplimiento». «Muchos empleados públicos echan hasta 40 horas a la semana», advirtió Tirado.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) fue más allá al pedir el cese de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, por el «bochornoso espectáculo», subrayando que la actual situación «genera inseguridad jurídica» entre los funcionarios.

Fuentes del SAF indicaron que esta medida «se podía haber hecho antes y con más garantías, desde el momento en que se estableció la jornada de 37,5 horas hace más de cuatro años». «Han tenido que darse todos estos recursos, acudir al TC y pasar todo este bochorno y encima ahora no sabemos qué jornada laboral vamos a tener», lamentó el sindicato, al tiempo que consideró que la situación actual «deja a los funcionarios en la picota».