La Junta de Andalucía pide 100.000 euros a quien cargó a cursos cenas con políticos, según la Policía

Se trata de una ayuda, cofinanciada por la UE, destinada a acciones de Formación Profesional para el Empleo

Que sus fondos no siempre tuvieron un uso adecuado lo sabe la Junta. De hecho, ayer notificaron a la empresa Industrias Turísticas de Andalucía S A (Inturan), vía boletín oficial (BOJA), el acuerdo para exigirle el reintegro de una subvención de 99.750 euros, concedida en 2010 para realizar acciones de Formación Profesional para el Empleo, cofinanciada por la Unión Europea (UE).

Inturan, cuya sede estaba ubicada en un polígono de Córdoba, fue una de las entidades investigadas por el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, cuyo titular, Javier Romero, tuvo que dar carpetazo a la causa que ovillaba sobre cursos subvencionados por el Ejecutivo autonómico al cambiar de criterio la Fiscalía y pedir su archivo, con lo que se quedó sin acusación. La Policía centró en ella un informe, al que tuvo acceso LA RAZÓN, en el que cuantificó en 9.660.177,12 euros, lo que dicha sociedad llegó a acumular en ayudas por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2012. Tras analizar lo sucedido en torno a una de las subvenciones engarzada a la red de éstas que tejieron, asignada en concreto en 2011 para armar cinco cursos, los investigadores concluyeron que las acciones formativas financiadas por la Administración se realizaron pero no se podían «considerar justificados los costes» que se imputaron al desarrollo de aquéllas.

A juicio policial, se cargaron gastos «desproporcionados» que «podrían referirse a una actividad comercial hostelera más que a un curso de 15 alumnos», sobre todo si se tiene en cuenta que «las declaraciones tanto de alumnos como de docentes» dejaron claro que «los materiales de los que disponían eran escasos». En la misma línea, existían conceptos asociados a algunos de los costes que los agentes no entendieron que se relacionaran con las actividades de formación que en teoría se llevaron a cabo, entre ellos «el alquiler de equipos informáticos en un curso de cocina, en uno de operaciones básicas de cocina o en otro de operaciones básicas de restaurante y bar». Los investigadores trasladaron además al órgano judicial que del testimonio de asistentes a los cursos y del de profesores se desprendió también que los dueños de Inturan «podrían haber empleado los fondos públicos» destinados a la formación para «la realización de cenas y catering a los que acudían empresarios y políticos destacados de la zona». «Simulando dichos actos como prácticas para los alumnos», consta en el informe consultado por este periódico, junto a lo que se anota que, en esas ocasiones y al contrario de lo que pasaba en otras, «no escaseaban los materiales».

La Policía detectó, en definitiva, una hilera «de irregularidades» que inducían a «pensar que parte de esos fondos habrían sido desviados para gastos que no» se correspondían con las acciones formativas. Ante esa situación, la Administración regional no habría actuado, según los investigadores, «diligentemente». Llegaron incluso a anotar que parecía apreciarse hasta «un cierto trato de favor hacia esta entidad y sus responsables», a la vista de la «imagen global de la relación» de la sociedad con la Junta, la cual le habría permitido percibir «prácticamente 10 millones de euros del SAE»; de que la propia mercantil reconoció que tenía subvenciones sin justificar; de que la Intervención autonómica admitió anomalías «manifiestas» en aquel curso y en otros; y de que, pese a todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo le siguió «concediendo subvenciones año tras año». La que le reclama ahora es otra diferente, pero ni es la primera ni puede que sea la última.