La Junta deja en el cajón 20,6 millones de euros para formar a ocupados

La Junta de Andalucía anunció a mediados de 2016 la reactivación de los cursos de formación, que llevaban en el dique seco desde el año 2012 debido a las irregularidades destapadas. En junio de ese año se publicaron en el BOJA tanto la orden reguladora del programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, como las de las subvenciones dirigidas a trabajadores desempleados y ocupados. Poco después el Ejecutivo andaluz acompañó la intención con números. El paquete inversor ascendía a 142 millones de euros: 50 millones para Escuelas Taller; 71,5 para cursos dirigidos a desempleados; y otros 20,6 para formación de ocupados. A día de hoy las primeras líneas de actuación van a paso muy lento pero al menos han echado a andar. Sin embargo, en el caso de la formación de ocupados la Junta aún no ha publicado ni siquiera la resolución de la convocatoria de 2017, lo que se traduce en la práctica en que más de 20 millones de euros se quedarán en el cajón. Partidos políticos y la patronal de empresas de la formación prevén que la historia vuelva a repetirse y Andalucía sea castigada en el reparto de los fondos de política activas de empleo debido al incumplimiento de los objetivos marcados en la Conferencia Sectorial.

La última convocatoria de cursos de formación para ocupados en Andalucía fue la de 2011. Desde entonces el Ejecutivo andaluz no ha conseguido poner de nuevo en marcha la maquinaria administrativa. La principal consecuencia es que la Junta ya no podrá gastar los 20,6 millones de euros prometidos dado que la orden de cierre del ejercicio presupuestario de 2017 se publicó en el BOJA el pasado 9 de noviembre. En el mejor de los casos, que sería que las adjudicaciones se produjeran en los próximos meses, los cargos irían referidos a las cuentas de 2018, por lo que ha pasado un año más en blanco. Los partidos vienen advirtiendo de las posibles consecuencias. El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White aseguró el pasado 9 de noviembre en la comisión parlamentaria de Empleo que «nos preocupa mucho que como ha ocurrido en otros casos anteriormente se tenga que devolver fondos públicos porque no haya una convocatoria. Esto es realmente preocupante. Tenemos que ponernos al cien por cien, que todos los recursos públicos que nos llegan a la Junta se empleen satisfactoriamente». En el mismo sentido se expresan la portavoz de Empleo del PP en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero –«vamos a tener que devolver un año más fondos por la no ejecución de las partidas», señala a este periódico– así como el presidente de la Confederación de Empresas de la Formación de Andalucía (Cecap-A), Antonio Naranjo. El máximo responsable de la patronal del sector muestra, en declaraciones a LA RAZÓN, la misma preocupación: «El año que viene, cuando el Gobierno haga las cuentas, estaremos otra vez igual».

Hay que tener en cuenta que el último reparto de fondos de políticas activas de empleo, que se elevó a 1.893 millones, creció un 5 por ciento de media. Todas las comunidades vieron aumentada su partida, salvo Andalucía, que recibió 358 millones, un 3 por ciento menos, debido a que no cumplió con los objetivos fijados en la Conferencia Sectorial de Empleo. Cecap se reunió en junio con el consejero del ramo. Llevan desde septiembre pidiendo un nuevo encuentro para abordar toda la problemática, ya que la formación para desempleados y las partidas para escuelas taller también están sufriendo retrasos muy importantes. El consejero de Empleo ofreció los datos en una intervención a principios de noviembre. En esa fecha, sólo 4.042 parados de los 22.800 potenciales se estaban beneficiando de cursos de formación. Además la Junta aún no ha pagado a las empresas formativas 4,5 millones de euros del 25 por ciento de adelantos de la convocatoria que se publicó en 2016. El sistema actual consiste en un primer libramiento del 25 por ciento, otro 35 por ciento cuando se empiece la acción y el 40 por ciento con la liquidación final. Las resoluciones de concesión de las subvenciones para cursos de desempleados se publicaron entre enero y abril. Si se hubiera cumplido lo estipulado, en tres meses deberían haber sido pagadas.

Esta dilación aboca a que finalmente se pierda también un año en la formación para desempleados, toda vez que la última convocatoria de cursos fue en 2016 y no hay visos de que la siguiente se produzca antes de 2018. Desde la Confederación de Empresas de la Formación señalan que llevan meses hablando sobre un borrador de la nueva convocatoria que nunca llega. El solapamiento de las convocatorias fue precisamente una de las disfunciones sobre las que alertaron responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la comisión de investigación parlamentaria de la formación.