La Junta desechó en 2017 más de la mitad de las observaciones del CES a sus leyes

Algunos dictámenes del Consejo Económico y Social no han sentado bien en la Junta de Andalucía. Este organismo, de carácter consultivo, ha puesto en entredicho la utilidad de algunos proyectos legislativos del Gobierno andaluz, su forma de implementación y hasta su redacción. Sin embargo, más allá de las críticas, sus recomendaciones no se han tenido en cuenta.

Según se recoge en la memoria de actividades del pasado año de este organismo, durante 2017, el Consejo elaboró los informes de seguimiento de catorce dictámenes realizados en distintos ejercicios, correspondiendo dos a sendos dictámenes del año 2016, uno sobre un proyecto de decreto y otro sobre un anteproyecto de ley, y los doce restantes seguimientos correspondieron a cinco proyectos de decreto y siete anteproyectos de ley dictaminados en 2017. Estos trabajos recogen el grado de aceptación que han tenido en sus recomendaciones una vez que los textos normativos sobre los que se ha pronunciado son aprobados por el Consejo de Gobierno. La principal conclusión es que más de la mitad de sus observaciones no se tienen en cuenta.

Según la información contenida en la memoria y recopilada por LA RAZÓN, el CES hizo 327 observaciones a los catorce textos reseñados. Sólo 156 fueron estimadas, lo que supone un 47,7 por ciento. Si se añaden doce que fueron atendidas «parcialmente», el porcentaje ascendería al 51,3 por ciento.

Algunos dictámenes del CES, más allá de las observaciones concretas, han sido una crítica general a los textos legislativos. Especialmente significativo fue el análisis que hizo del anteproyecto de ley de formación profesional de Andalucía, en el que se aseguraba que la norma remitida «apenas tiene carácter innovador ni en lo que se refiere a la formación profesional para el empleo» ni en lo relativo a lo engarzable en «el marco del sistema educativo». Además, recomendó una «revisión general» desde el punto de vista «ortográfico y de puntuación» y lamentó que se abusara del «corta y pega» en su elaboración porque «gran parte de su articulado es traslación del contenido de normas estatales e incluso de normas autonómicas». Según consta en el informe de seguimiento del CES, el dictamen final constaba de 48 observaciones, de las que 27 fueron admitidas y una de manera parcial. Otras 20 se ignoraron.

Otro de los dictámenes más críticos afectó a un proyecto «estrella» del Ejecutivo como la ley andaluza del emprendimiento. Entre las observaciones generales que hacía, apuntaba que «siendo importante la creación de un instrumento de actuación pública en el sistema, se observa la ausencia de una perspectiva que enmarcase políticas e instrumentos públicos relacionados con el emprendimiento y que facilitase las acciones transversales y la integración de los principales agentes del sistema» al tiempo que observaba «una posible duplicidad de competencias en materia de empresas que pone de manifiesto un problema de coordinación con la Agencia IDEA». El trabajo se saldó con 42 observaciones al articulado recibido en el Consejo Económico y Social, de las que 35 se estimaron «totalmente» y una «parcialmente».

Uno de los trabajos que menos aceptación ha tenido en la Junta de Andalucía ha sido el dictamen sobre el anteproyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía. De las 30 observaciones que incluía, sólo nueve fueron «total o parcialmente estimadas». Este organismo criticó la «indefinición» del texto y reclamó «mayor claridad en la definición de los criterios», entre otras cosas.

El único dictamen atendido en su totalidad –contaba con cinco observaciones– fue el relacionado con el registro de empresas e inserción de Andalucía.

El CES se ha pronunciado sobre otros textos normativos como la ley del cine –16 observaciones aceptadas de 39– o el que regula el derecho a la vivienda.