La Junta desembolsa 44 millones por encomiendas de gestión a sólo dos entes

Hay maneras de funcionar que, establecidas, son difíciles de cambiar. En un informe de fiscalización centrado en «las encomiendas de gestión reguladas en la legislación de contratación pública de determinadas consejerías de la Administración autonómica» relativo al ejercicio 2013 –aunque se difundió en octubre de 2016–, la Cámara de Cuentas de Andalucía hizo un rosario de recomendaciones. En una de ellas instaba a la Junta a «reflexionar sobre la configuración actual del uso» que en el seno del Gobierno regional se hace de esos encargos de actividad. El órgano fiscalizador advertía en dicho trabajo de la existencia, en algunos casos, de «una fuerte dependencia de los entes instrumentales» de «las entidades encomendantes», lo que, a juicio de ese organismo, podría «comprometer la operatividad» de los primeros. La Cámara de Cuentas sostenía en ese documento que «al igual que los contratos de servicios, el recurso a las encomiendas debe responder a necesidades puntuales y concretas relacionadas con el carácter técnico de la prestación» y avisaba de que el ritmo «recurrente de las mismas» desnaturalizaba «la especificidad que debe caracterizarlas». «En el momento en que la necesidad que pretenden satisfacer se hace permanente (caso de los servicios prestados por Sandetel) puede exigirse su integración dentro del esquema de servicios públicos y prestaciones realizadas por la propia Administración y ésta debe buscar otros cauces más adecuados a dicha permanencia», se añadía en el informe.

El órgano fiscalizador aludía en el estudio a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones SA (Sandetel), adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; y también, entre otros entes, a Tragsa. Esta última forma parte del conjunto de empresas de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una entidad de derecho público de la órbita del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con dependencia directa del titular de ese departamento. La matriz es la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) y su primera filial fue denominada Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec).

Sembradas las observaciones por la Cámara de Cuentas, el tiempo ha pasado. Según las últimas 47 referencias vinculadas a esas dos sociedades públicas y articuladas en 2017 en el apartado de Encomiendas de Gestión del portal de transparencia que nutre el propio Ejecutivo andaluz, sin contabilizar las modificaciones de otras anteriores, éstas habrían recibido pedidos laborales por un importe de casi 44 millones de euros, de más de 43,8 , expresado con más exactitud. Desmenuzados los datos por LA RAZÓN, las encomiendas cosidas a Tragsa y a Tragsatec han supuesto un desembolso de más de 14,6 millones. Por lo que respecta a las asignaciones a Sandetel, el coste para la Junta ha sido de una cuantía superior a los 29,2 millones, de acuerdo al repaso llevado a cabo por este periódico.

¿Cuáles son las «misiones» que se les han derivado? Responden a una naturaleza variada, como los encomendantes, dado que los endosos se han llevado a cado desde distintas áreas del Ejecutivo autonómico como las consejerías de Empleo, Empresa y Comercio; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; Economía y Conocimiento; Hacienda y Administración Pública; Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; o Igualdad y Políticas sociales, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por ejemplo. Al Grupo Tragsac se le ha requerido para desde la redacción de un proyecto de obras en el Palacio de Congresos de Córdoba y «su posterior puesta en uso», al aporte de apoyo técnico de cara a la tramitación de ayudas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) o a la gestión de subvenciones a los seguros agrarios del Gobierno andaluz; pasando por el mantenimiento de aplicaciones informáticas. En el caso de Sandetel, ente instrumental del universo del Ejecutivo regional, ésta se ha ocupado de la realización de actuaciones de asistencia dirigidas al fomento de la adquisición de competencias digitales, acciones hilvanadas a «la gestión integral del correo corporativo», otros «servicios horizontales» y al «censo de recursos informáticos de la Junta»; de tareas relacionadas con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE); así como de la asesoría en materia de telecomunicaciones de diversa índole, entre otras cuestiones. Los encargos de gestión también están en el punto de mira del Tribunal de Cuentas, cuyo pleno aprobó el pasado enero una moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de los mismos por parte de las administraciones. Planteó la necesidad de llevar a cabo una regulación integral de las encomiendas.