La Junta desoye los conflictos laborales de los monitores de educación especial

Los monitores de educación especial no cejan en el empeño de hacer valer sus derechos laborales. Desde las distintas provincias continúan con sus reivindicaciones de forma independiente. La vía judicial es la más fructífera, por ahora, pero también excesivamente lenta. Una monitora de forma individual en Málaga ya cuenta con una sentencia favorable del TSJA por cesión ilegal de trabajadores, pero la Junta de Andalucía no hace nada por acabar con la precariedad de un colectivo de cerca de 900 personas –la mayoría mujeres– que son contratadas año tras año, sin que las empresas adjudicatarias del servicio reconozcan el convenio colectivo de aplicación al sector.

En la provincia de Sevilla, la situación también permanece enquistada. La actitud de la Consejería de Educación, que prefiere mirar hacia otro lado, no ayuda y condena a los afectados a seguir acudiendo a los tribunales. Desde noviembre, la Agencia Pública Andaluza de Educación trata de adjudicar el contrato del servicio de ayuda al alumnado con necesidades educativas especiales. Las diferentes impugnaciones han dilatado el procedimiento, decantándose la Administración por la firma de un contrato menor, y a dedo, a Celemin Formación SL. Esta empresa, que ya venía ofreciendo el servicio en otros puntos de la provincia, pasó a tener en nómina al grueso de los 170 monitores sevillanos, presumiblemente hasta marzo, cuando se resuelva el concurso.

La subrogación del personal ha dado lugar a un agravio comparativo. Celemin integra a trabajadores respetando su condición de auxiliares técnicos educativos, pero mantiene a sus empleados como cuidadores pese a cumplir idénticas tareas. Esta diferencia de categoría profesional se traduce en una merma económica de alrededor de 120 euros, lo que es mucho en sueldos ya de por sí bajos. Y esto, sin tener en cuenta el resto de incumplimientos del convenio, que de forma sistemática viene tolerando la Junta: sueldo por debajo de lo estipulado en las tablas salariales, recortes en los descansos vacacionales, incumplimiento del periodo obligatorio de contratación, cotizaciones o consideración de jornada parcial en lugar de jornada completa...

Así, el pasado 28 de diciembre tuvo lugar un acto de conciliación en el Sercla, que ya había sido retrasado previamente por Celemin, para tratar de evitar la vía judicial. Los representantes del comité de empresa, asistidos por el abogado Luis Ocaña, comparecían con el objetivo de que «se avenga a la empresa a reconocer que el convenio de aplicación es el XIV Convenio Colectivo General de centros y servicios a Atención a Personas con Discapacidad». Sin embargo, ningún representante de la empresa ni de la Agencia Pública Andaluza de Educación –que en sus alegaciones a las impugnaciones realizadas a los pliegos de los concursos sí admite la aplicación de este convenio– acudieron a la cita. Resulta paradójico que la Junta se deje plantada a sí misma. Y es que la agencia no reconoce vinculación alguna con estos trabajadores. Por ahora prefiere que un juzgado lo haga, como ya ha ocurrido.