La Junta dio 2,9 millones pese a las «gravísimas irregularidades» del «ideólogo» del proyecto

La Policía cuestiona que Soprea otorgara ese préstamo a Cedes, presidida por el antes consejero de Isofotón que recibió más de 80 millones.

La Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible SA (Cedes) no sólo se benefició de 1.150.000 euros procedentes de la sociedad pública de capital riesgo Invercaria en 2008 y 2009. Otro ente de la Junta, la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SA (Soprea), le asignó en febrero de 2010 un préstamo participativo de 2.940.000 euros, a cargo de los fondos Jeremie –acrónimo del inglés «Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises»–. El Grupo de blanqueo de capitales y anticorrupción de la Policía entiende que esa última concesión «reviste especial gravedad». ¿Por qué? Según ha plasmado en un atestado con el que ya cuenta el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que coordina el «caso Invercaria», una de las razones es que cuando se otorgó el crédito de casi tres millones ya se tenía «conocimiento» de «gravísimas irregularidades cometidas en la sociedad Isofotón por parte de José Luis Manzano, que era su consejero delegado». Se trata de una empresa malagueña fundada en 1981 que resultó un proyecto fallido, como la propia Cedes, y fue objeto de investigación de otro juzgado sevillano, el de Instrucción 3, a tenor de la cual, Manzano recibió de la Administración andaluza entre 2005 y 2012, a través de la propia Isofotón y de otras sociedades de las que fue accionista como Silicio Energía SA, «80.497.820,44 euros» de, «principalmente», otra entidad del Gobierno regional con participación en Invercaria y Soprea y adscrita como éstas hoy a la Consejería de Empleo: «La agencia IDEA y sus predecesoras –como el IFA–».

El mencionado empresario pasó de ser considerado un supuesto gurú del desarrollo energético sostenible, a denunciado por falsear las cuentas del gigante voltaico en el que pretendió convertir a Isofotón. ¿Qué relación tiene Manzano con Cedes? La Policía lo considera el «ideólogo e impulsor principal del proyecto». Cesó como consejero delegado de Isofotón el 21 de julio de 2008 para convertirse en presidente de Cedes el 1 de agosto de ese año, cargo que ocupó hasta marzo de 2011, cuando dimitió tras ser condenado en el proceso por la administración irregular de la empresa malagueña. Si bien, para el Grupo de blanqueo de capitales y anticorrupción, «de facto», continuó «ejerciendo la dirección a través de los socios de su grupo». De hecho, en el periodo analizado ahora por los investigadores, las sociedades en cuya gestión participó llegaron a percibir «1.910.242 euros». Y no fue el único que se nutrió de fondos públicos. Las entidades ligadas al que fuera también ex consejero delegado de Cedes Enrique Pablo García habrían obtenido 402.478; las vinculadas al ex consejero de la sociedad y ex marido de la socialista Elena Valenciano, Federico Mañero, 403.598 euros; las de Begoña Maestro, 1.813.201; y las de Santiago Nistal, ex presidente también de Cedes, y Ricardo Bravo, ex consejero, más de 2.000.000. Tanto Manzano, como Mañero y García están siendo investigados en esta pieza del «caso Invercaria». Pero esos nudos societarios no son lo único destacable para la Policía en relación al préstamo de Soprea asociado a los fondos Jeremie. Los agentes subrayan la existencia de «graves conflictos de intereses». ¿El motivo? «Se produce una confusión entre órgano gestor del fondo, intermediario financiero y beneficiario final», avisan. El último lo es «por partida doble», dado que «la agencia IDEA a través de Invercaria participa en la propiedad del beneficiario del préstamo», se asevera en el atestado número 3.354/16 consultado por este periódico.

Esto no es nuevo. Es más, en este punto se vuelve a producir un cruce de datos con otro juzgado, en esta ocasión el de Instrucción número 5 de Sevilla que disecciona la actuación de Soprea en un fondo de 185 millones procedentes del instrumento promovido por la Unión Europea (UE) entre 2007 y 2013. En esas diligencias también se sostiene la falta de «idoneidad» de ese ente de la Junta como intermediario financiero del dinero, una postura en línea con lo aseverado por la Cámara de Cuentas, que cuestionó en un informe una designación que el Ejecutivo autonómico defiende.

En el mencionado atestado, la Policía insiste en la «nítida y evidente falta de separación» entre el órgano gestor del fondo Jeremie –IDEA– y sus intermediarios financieros –Soprea de un lado, e Invercaria, elegida para tramitar otra rama, de otro–. Es más, la misma persona, Antonio Valverde, «consta como firmante/autorizante de la operación por ambos interlocutores». Estampa su rúbrica como director general de IDEA y como administrador único de Soprea. Un hecho que los agentes califican de «grave irregularidad» que contraviene «la normativa reguladora del fondo Jeremie». Los investigadores detectaron además un «error» en la fecha y designación del expediente de la ayuda, del que infieren que el documento empleado para la formalización de un crédito a Urende Sl se usó para elaborar la póliza del de Cedes y que «la documentación anexa no fue cotejada» o incluso «no existía». Y otro apunte. Por su cuantía, 2.940.000 euros, y según se exige en la Memoria del fondo de cartera Jeremie publicada por IDEA en su web, la operación debió ser aprobada por el Consejo de administración del fondo, en teoría lo fue el 14 de abril de 2010, pero en el expediente aportado por Invercaria «no ha sido hallada la documentación» que lo acredite.