La Junta elude desde hace 11 años las competencias en protección de datos

Las reconoce el Estatuto de Autonomía de 2007 pero el Gobierno andaluz no ha dotado aún al consejo de transparencia de las armas legales para poder atender consultas en esa materia

Se avecina un río de obligaciones. Mañana, 25 de mayo, entrará en vigor la nueva normativa europea sobre protección de datos, un reglamento estricto que deberá ser asumido por el sector público y el privado y que supondrá, entre múltiples cuestiones, el nombramiento de delegados en ese área. De acuerdo al artículo 82 del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 «corresponde» a la comunidad «la competencia ejecutiva sobre protección de datos de carácter personal, gestionados» por las instituciones autonómicas, la Junta, las administraciones locales y otras entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas, así como por las universidades del sistema andaluz. Luego la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía dispuso que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos autonómico tendría que actuar en las ocho provincias del esqueleto de la comunidad «como autoridad pública independiente de control en materia de protección de datos», lo que se activó el 1 de enero de 2015.

A todo lo relatado, se suma que el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se dio luz verde a los estatutos del mencionado consejo aplazó la asunción efectiva de la señalada competencia al fijar en su disposición transitoria tercera que se haría «de conformidad con lo que establezcan las disposiciones necesarias». «En tanto se lleve a cabo la aprobación y ejecución de dichas disposiciones continuarán siendo ejercidas por la Agencia Española de Protección de Datos», se marca en el punto normativo.

En ese escenario, la Junta no ha movido ficha aún y hasta que no lo haga el consejo que dirige Manuel Medina no estará jurídicamente habilitado para atender consultas, ni gestionar las comunicaciones que ciudadanos o entes públicos y privados puedan trasladarles en relación a ese ámbito de actuación. Dicho de otro modo, será Madrid, la agencia antes indicada, la que trate los asuntos de los andaluces ligados a la protección de datos, al seguir siendo la autoridad de control competente también en el territorio autonómico.

Cataluña y el País Vasco sí han articulado cómo asumir sus competencias en este ámbito. En Andalucía, de momento y tras meses de silencio de siesta, hay que conformarse con lo anunciado por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, a principios de este mes en la comisión parlamentaria de Presidencia: el Ejecutivo regional ha iniciado ante la Comisión Mixta de Transferencias los trámites correspondientes para hacerse cargo de unas atribuciones que en realidad ya tenía desde 2007. Es más, el organismo que capitanea Medina confiaba en que la asunción definitiva de esa pata de actividad «coincidiera con el 25 de mayo» que va a suponer cambios significativos en este área, según fuentes del mismo. De hecho, presentaron propuestas de relaciones de puestos de trabajo (RPT) que permitían ese ejercicio efectivo y que esto «se tuviera en cuenta en los Presupuestos» de la Junta, recuerdan las mismas fuentes. Pero, de momento, la referencia seguirá siendo Madrid.