La Junta externaliza hasta la Ley de Transparencia

La Consejería de Presidencia de la Junta ha contratado con una empresa externa el «desarrollo e implantación del sistema de información para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía».

La Consejería de Presidencia de la Junta ha contratado con una empresa externa el «desarrollo e implantación del sistema de información para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía». La sociedad Guadaltel ha sido la ganadora del concurso y recibirá 78.750 euros (sin IVA) al haber presentado la oferta económica más ventajosa de las admitidas durante el proceso para el que la Administración había reservado un máximo de 105.000 euros (IVA excluido).

El argumento esgrimido por el departamento que dirige Manuel Jiménez Barrios es que el servicio de informática de la Consejería de Presidencia «no cuenta con los medios materiales ni humanos para la realización de los trabajos objeto de la contratación, por lo que se hace necesaria su ejecución con medios externos».

La Junta pone en manos de una empresa privada el funcionamiento de una ley tan esperada como la Ley de Transparencia porque la Administración no cuenta con recursos suficientes para desarrollarlos. En el pliego de prescripciones se recoge que el sistema de información que se implemente debe permitir las solicitudes telemáticas y aquéllas que se «hagan por otros de los medios permitidos», así como deja claro que «todas las comunicaciones, independientemente del medio por el que se hayan producido, quedarán registradas en el sistema y serán accesibles por las personas que participan del procedimiento».

Otro de los aspectos destacados es que la Consejería de Presidencia adelanta a la empresa adjudicataria algunos de los previsibles problemas a los tendrá que hacer frente la Ley de Transparencia, anunciada por Susana Díaz como «la más avanzada de España».

Por ejemplo, el sistema encargado por la Junta debe permitir identificar que «si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros». En el caso de que así sea, «deberá permitir dar traslado de la solicitud a estos terceros y se les concederá un plazo de quince días para que puedan alegar, controlando las comunicaciones y los plazos que procedan».

La respuesta de los distintos organismos de la Junta a las preguntas de los ciudadanos que se interesen por algún aspecto del funcionamiento de la Administración recogido en la Ley de Transparencia deberá ser motivada, aunque se advierte de que «el sistema permitirá la generación automática de las resoluciones en base a plantillas» por lo que muchos ciudadanos recibirán respuestas «de manual» a sus consulta.

Con respecto a los plazos, el encargo de la Junta a la empresa que desarrollará el sistema de información también exige que el tiempo «para resolver puede prorrogarse por decisión del órgano directivo responsable en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada así lo haga necesario».

El esquema elegido para el desarrollo de la Ley de Transparencia también figura entre la información que se ofreció a las empresas interesadas en el concurso. Existirán unidades de transparencia en cada consejería dependientes de la viceconsejería y una secretaría para la transparencia que se encargará de la coordinación. La empresa externa tendrá que formar a este personal, tanto a los usuarios, como a los administradores e incluso al personal informático de la consejería.

Hay un aspecto que no encaja con lo anunciado hasta ahora por la Junta de Andalucía. La Ley de Transparencia se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 24 de junio de 2014 y en su disposición final quinta señalaba que su entrada en vigorse pospondría «al año de su publicación», es decir, dentro de apenas un mes. El adjudicatario del concurso, según el pliego, tiene cuatro meses para finalizar los trabajos y la resolución de la adjudicación es de 24 de abril –el concurso se convocó en diciembre–.

En la actualidad, el Portal de la Transparencia está bajo mínimos. El pasado 31 de marzo el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, presentó esta iniciaitva aunque la mayoría de los apartados aún sigue en construcción y los datos más relevantes incluidos son los contratos mayores y menores que ha firmado la Junta y las subvenciones otorgadas desde enero de de 2013. Faltan, entre otros, datos sobre altos cargos, empleo público, ejecución presupuestaria o publicidad institucional.