La Junta externaliza la asesoría sobre contratos para una red de fundaciones

Ha vuelto a ocurrir. El Gobierno andaluz tira de nuevo de externalizaciones, a abonar con fondos públicos, para que los entes de su órbita alcancen un objetivo

Ha vuelto a ocurrir. El Gobierno andaluz tira de nuevo de externalizaciones, a abonar con fondos públicos, para que los entes de su órbita alcancen un objetivo. En esta ocasión ha decidido pagar por servicios jurídicos de asesoramiento y gestión «en materia de contratación pública y de subvenciones de poderes adjudicadores» para la Fundación Pública Andaluza Progreso (FPS) y para el resto de entidades similares que conforman la red de fundaciones gestoras de la investigación del sistema sanitario autonómico (RFGI-SSPA). Esa trama fundacional constituye «un espacio compartido de servicios» con un fin principal: «Prestar apoyo a los profesionales del SSPA –sistema sanitario regional– en el desarrollo de su actividad investigadora, impulsando de forma proactiva la I + D + i de excelencia en Salud en la comunidad autónoma andaluza y garantizando a los profesionales la igualdad y equidad en el acceso a una cartera de servicios homogénea», que incluye el asesoramiento para la captación de financiación y para proyectos internacionales o la gestión de ayudas, entre otras cuestiones, según se explica en la web de la propia Junta.

La red está compuesta por siete fundaciones: FCÁDIZ (Cádiz), Fibico (Córdoba), FABIS (Huelva), Fimabis (Málaga), Fisevi (Sevilla), FIBAO (con carácter interprovincial) y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, que es el ente coordinador. Todas ellas serán a partir de ahora –la resolución de adjudicación consultada por LA RAZÓN está fechada el 9 de febrero– las asesoradas sobre contratación o subvenciones. ¿Por quién? La consultora Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services SL, beneficiaria de un acuerdo laboral, cuyo expediente ha sido gestionado conforme a las «instrucciones» de Progreso y Salud para «contratos no sometidos a regulación armonizada», según se refleja en la resolución.

El precio fijado por los servicios ha sido de 19.000 euros, IVA excluido, como se puede comprobar en la plataforma de contratación del Ejecutivo autonómico. La concesionaria, Landwell-PricewaterhouseCoopers, cuenta en sus filas desde 2010, a la luz de la información consultable en su sitio web, con un catedrático de Derecho del Trabajo que no es desconocido para la Junta: Miguel Rodríguez-Piñero Royo, ligado al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), un órgano consultivo de la Administración autonómica especializado en conflictos en el mundo del trabajo o en negociación colectiva. Además, perteneció a la comisión de expertos a la que se le encargó en 2004 la redacción del «Libro Blanco sobre la Calidad en el Empleo en Andalucía».

Los sindicatos han criticado este tipo de externalizaciones a las que «se ha a abonado el Gobierno» porque creen que supone un gasto que «a la larga sería mejor sustituir cubriendo plazas de las RPT».

Toques de atención al ente promotor

La impulsora de esta contratación, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, ha recibido varios toques de atención por parte de la Cámara de Cuentas autonómica. Uno de ellos, quedó reflejado en un informe relativo a la cuenta general de la comunidad correspondiente al año 2012. Según el órgano fiscalizador, Progreso y Salud no justificó en plazo libramientos que superaban los 1,2 millones. Una cuestión que ya está solventada, según la Junta.