La Junta ha perdido más de 130 millones en la venta de sus edificios

La Cámara de Cuentas considera que la Administración vendió 70 inmuebles a un fondo de inversión por debajo de su precio y señala que no puede «trazar» el destino final de los 300 millones ingresados

La Cámara de Cuentas ha arrojado luz sobre la operación de venta de edificios públicos que impulsó la Junta de Andalucía en 2010 y que culminó en diciembre de 2014 con el traspaso a un fondo de inversión de 70 de sus inmuebles mejor situados en las ocho provincias de la región. La Administración percibió a cambio 300 millones de euros, quedándose en los mismos como inquilina durante un plazo de 20 años, abonando 23,6 millones de euros anuales, con un incremento del 1,5 por ciento al año en concepto de IPC. La decisión ha sido lesiva para las arcas públicas y le ha provocado un agujero de 131,7 millones de euros, según un informe de fiscalización del órgano de control hecho público ayer.

Para empezar, la Cámara de Cuentas señala que los edificios debieron venderse por un montante global de 377,41 millones y no por 300 «para compensar los flujos de caja estimados en el periodo de arrendamiento». De hecho, la primera exigencia de la Junta era de 325 millones «como mínimo», importe que se correspondía con la tasación por valor de mercado de las rentas perpetuas que hizo una empresa. En un segundo expediente se redujo el precio por los 70 inmuebles a los 300 señalados.

Los auditores añaden que «si se considera la pérdida del valor residual de terrenos en términos de coste de oportunidad, estimada en 116,53 millones, la pérdida ascendería a 131,73 millones».

¿Por qué la Junta acometió esta operación? El informe desvela los motivos esgrimidos por el propio Ejecutivo andaluz: había agotado su capacidad de endeudamiento autorizado. En una de sus alegaciones señala que «el coste de oportunidad de no realizar esta operación se hubiera traducido en una reprogramación adicional por el mismo importe en aquellas partidas que son menos rígidas y con menor repercusión en los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y justicia...), como son las operaciones de capital», añade.

El informe tampoco asume como tal este criterio. Admite que los 300 millones de euros ingresados sirvieron para dotar de liquidez a la tesorería de la Junta pero que se trataba de una cantidad que no era «una financiación afectada a partidas concretas de gastos, es decir, se ingresan en la tesorería y se incluyen en su corriente de cobros y pagos, por lo que no tiene una trazabilidad que se la permita asociar a una reducción del endeudamiento o a la acometida de nuevas inversiones». Es más, aclara la Cámara que ese año no se produjo «reducción del endeudamiento, ya que la deuda de la Junta en 2014 pasó de 23.108 millones a 27.874 millones» y tampoco sirvió a la administración andaluza para bajar el volumen de obligaciones reconocidas, reducir el período medio de pago a sus proveedores o aumentar el volumen de sus inversiones.

Los 300 millones de euros sí tuvieron impacto en la reducción del déficit, aunque no sirvió para cumplir el objetivo del 1 por ciento marcado por el Ministerio de Hacienda para las autonomías en 2014. Andalucía cerró el ejercicio en el 1,16 por ciento.

También advierte el informe que la Junta ha sido «generosa» con la actualización de rentas de alquiler que abona al fondo de inversión, fijada en el 1,5 por ciento. La consideración acumulada de estos incrementos del 1,5 por ciento anual «llevaría a estimar una cantidad de 73.728.173 euros». Sin embargo, 2016 se cerró con un IPC negativo del (-0,7%), «lo que supondría bajar la renta de los ejercicios 2016 a 2015 en 185.211,58, en vez de incrementarla en 354.046,24 euros».

Al margen de las cifras, la Cámara de Cuentas recuerda: en 2034 la Junta de Andalucía no dispondrá de estas sedes administrativas para la prestación de sus servicios y tendrá que buscar nuevas oficinas, lo que ocasionará un nuevo gasto.