La Junta niega que la corrupción haya incidido en el paro actual del 36%

El Partido Popular registró una solicitud de comparecencia parlamentaria del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con un enunciado claro. Que informara de «la incidencia» en la alta tasa de desempleo actual (36 por ciento) de los casos de corrupción que en este momento investigan los tribunales y que han supuesto un menoscabo de fondos destinados a la creación de empleo. La respuesta del consejero del ramo, Antonio Ávila, en comisión parlamentaria, fue también clara: «Ante la formulación de la pregunta (...) la respuesta es que la incidencia es ninguna».

Sólo el caso de los ERE, sin embargo, ha supuesto la tramitación irregular y arbitraria de más de mil millones de euros en la época que investiga la Justicia (2001-2010). Buena parte del dinero de la partida 31.L, del denominado «fondo de reptiles», ha ido a parar a fines que nada tenían que ver ni con las ayudas a empresas ni con las prejubilaciones de trabajadores previstas. El caso cuenta con 60 imputados. Entre los falsos prejubilados aparece la suegra del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o la madre del que fuera su chófer. Este último dijo en sede judicial que gastaba, de los 1,3 millones que recibió en subvenciones, 25.000 euros al mes en cocaína.

En la sociedad de capital riesgo de Andalucía (Invercaria) escaparon al control 50 millones de euros entre 2005 y 2010. El dinero iba destinado a incentivar el tejido productivo. Del caso se ocupa el juzgado de Instrucción 16 de Sevilla. Entre los delitos que se investigan, malversación de caudales.

La Justicia también se ocupa del caso «Bahía Competitiva». El plan se diseñó después del cierre Delphi. Junta y Gobierno lo idearon para crear un anillo de empresas que absorbiera la marcha de la firma de automoción, que dejó a más de 2.000 personas en la calle. Un entramado empresarial del gallego Dávila Ouviña, con conexiones con el Partido Socialista, dio un «golpe» que ha supuesto la pérdida de más de 20 millones de euros en subvenciones.

Ayudas millonarias para el fomento del empleo también están más que en entredicho. Un informe de la Cámara de Cuentas relativo a 2009 y publicado a principios de noviembre de 2012 recogía irregularidades en todas las líneas de fomento del empleo, en total: 420 millones.

Éstos son sólo algunos casos. Hay más. La trama para la contratación irregular de discapacitados (1,38 millones de euros), a los que se despedía después de cobrar la subvención, o el fraude de ayudas europeas. Sólo el impacto de estos casos ronda los 1.500 millones de euros, tres veces más de lo que acordó la Junta movilizar en el reciente Consejo de Gobierno extraordinario de empleo. El doble de lo que el Gobierno ha recortado en políticas activas de empleo –que gestiona la Junta de Andalucía– en dos años, según se quejó ayer el consejero de Economía, Empleo e Innovación. El diputado del PP Rafael Carmona también recordó que el Gobierno andaluz ha gastado desde 2008 5.000 millones de euros en el plan de desarrollo industrial de la comunidad. «Han sido una máquina de quemar dinero», señaló.