La Junta «no guarda una representación equilibrada» entre hombres y mujeres

La inédita huelga feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, está protagonizando la acción política y removiendo conciencias. La Junta de Andalucía está apoyando esta causa con la campaña «Vamos a por todas», una iniciativa que, en palabras de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, «refuerza así el momento histórico de cambio que hoy se está viviendo, en el que la igualdad de género ha pasado de ser un reclamo del movimiento feminista y de algunas instituciones a convertirse en una reivindicación a nivel mundial, respaldada por referentes sociales». Precisamente, Sánchez Rubio comparecerá el próximo martes en el Pleno del Parlamento para valorar la ejecución de la ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que el año pasado cumplió una década. Una norma que, a tenor de la pervivencia de muchas formas de violencia contra las mujeres y de otros comportamientos machistas en la sociedad actual, necesita una profunda revisión.

No solo diversos agentes sociales están reclamando una adecuación del texto a los nuevos tiempos. Otras instituciones, como la Cámara de Cuentas, también cuestionan su cumplimiento. Según consta en la Fiscalización de la Cuenta General relativa al ejercicio 2016, «se manifiestan incumplimientos del artículo 3.3» de dicha ley, puesto que la Junta «no guarda una representación equilibrada en la presencia de mujeres y hombres de los órganos colegiados y órganos de dirección de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el 60 por ciento ni sea menor del 40 por ciento». Es decir, que la igualdad de género no es efectiva en «la Administración de la Junta de Andalucía ni sus organismos autónomos, empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de la Junta», tal y como figura en el ámbito de aplicación de la norma.

La ley, aprobada en 2007, nació con el objetivo, casi utópico, de «hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto de Autonomía, seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, justa y solidaria», según señala el título preliminar.

En el ámbito concreto de la Junta de Andalucía, la ley marca que «se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración de la Junta cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno». En cuanto a la contratación pública, se especifica que los órganos competentes «podrán establecer condiciones especiales, con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo». También tendrán preferencia en la adjudicación las empresas que «tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades». En el plano de las ayudas y subvenciones se insta a incorporar a las bases reguladoras «la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género por parte de las entidades solicitantes».

Junto a ello, se plantean numerosas medidas en los ámbitos de la educación, el empleo, la protección de la salud y el bienestar social, la participación social y política y los medios de comunicación, con el objetivo de que la igualdad de género se aplique de forma transversal.