«La Junta nos utilizó antes de las elecciones para hacerse la foto»

Mineros de Aguablanca instan al Ejecutivo andaluz a que interceda ante el Gobierno.

El cese de la actividad de la Mina de Aguablanca ha tenido un impacto sobre más de 380 empleos directos e indirectos. En torno a un centenar de trabajadores afectados son andaluces y otro centenar extremeños. La explotación se encuentra en el término pacense de Monesterio, pero buena parte de la masa laboral provenía de los municipios sevillanos y onubenses de El Real de la Jara, Cala, Santa Olalla del Cala o Nerva. Actualmente en las instalaciones de la mina, dedicada a la extracción de níquel, sólo queda un retén de 33 personas dedicadas a mantenimiento, seguridad y a la espera de acometer un plan definitivo de cierre en el caso de que la empresa propietaria, la canadiense Lundin Mining Corporation, no encuentre un vendedor.

Que se vislumbre o no un rayo de luz al final del túnel depende de que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se pronuncie sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la empresa propietaria trasladó al Gobierno en julio del año pasado. Actualmente la mina cuenta con los permisos para la explotación a cielo abierto, pero para interior es imprescindible la mencionada DIA. Y la ausencia de esta garantía medioambiental es la que espanta a los inversores que se han interesado por el yacimiento, pese a que las catas geológicas apuntan a unas reservas de níquel que garantizarían trabajo para al menos otros tres años.

Los trabajadores despedidos están agotando las prestaciones por desempleo y la paciencia. La empresa presentó el ERE extintivo en el mes de junio. Antes sufrieron dos expedientes de regulación de empleo temporales. El primero fue en 2011 y el último tuvo una prórroga de tres meses –de abril a junio– a la espera de que el Gobierno diera finalmente «luz verde» a la Declaración de Impacto Ambiental. La DIA no llegó y en el mes de agosto el Ministerio ha vuelto a pedir información relativa –según apuntan los trabajadores– a la Red Natura y a un informe del Instituto Geológico Minero. Denuncian que esta información ya fue remitida previamente y que existe una estrategia dilatoria para postergar el pronunciamiento. El tiempo previsto inicialmente para tener lista la DIA era de ocho meses. El trámite ya ha rebasado el año y la última petición de información puede demorarlo al menos otros tres.

Jesús Ferrero, vicepresidente del comité de empresa, se queja, en declaraciones a LA RAZÓN, no sólo de la falta de voluntad del Gobierno sino de la escasa presión de la Junta de Andalucía y de Extremadura. «Esto se ha convertido en una pelea entre administraciones que son de distinto color político». «Nos consta que los ayuntamientos afectados, aunque gobernados por partidos diferentes, se están moviendo, pero la Junta de Andalucía y de Extremadura no están ejerciendo presión en el Ministerio de Medio Ambiente». «Nos utilizaron antes de las elecciones para hacerse la foto y después se olvidaron».

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, visitó junto a su homólogo extremeño, Guillermo Fernández Vara, a los mineros de Aguablanca a principios del mes de marzo, que iniciaron un encierrro en Monesterio al conocer la intención definitiva de la empresa de acometer los despidos. Tanto Díaz como Fernández Vara aseguraron que llegarían «hasta el final». «Todos tenemos que defender que esta mina no se va a cerrar y que va a dar esperanza y futuro a nuestra tierra», dijo Díaz.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio señaló a este periódico, en relación a la queja de los trabajadores despedidos, que «han respondido a toda petición de ayuda», pero declinó especificar si existe una interlocución específica con el Ministerio o qué otras líneas de actuación están abiertas con otras administraciones como la Junta extremeña para dar una posible salida a este problema.