La Junta oculta un contrato de 47 millones para alquiler de vehículos

SEVILLA-La última vez que habló el presidente de la Junta de transparencia fue en la sesión de control parlamentaria del pasado jueves. Griñán consideró que la democracia se robustece cuando en la administración hay paredes de cristal –«es el mejor instrumento para ganar credibilidad», deslizó– y reafirmó su empeño en que en abril esté listo uno de los textos legislativos más avanzados en esta materia, tal y como se comprometió en septiembre al final de su intervención en la comisión de investigación de los ERE fraudulentos.

Hay muchas asignaturas pendientes en transparencia, pese a que algunos estudios sitúen a Andalucía a la cabeza del ránking de las comunidades a nivel nacional. No son públicas las dietas e indemnizaciones por vivienda de altos cargos, las fundaciones siguen sin mostrar sus cuentas en los presupuestos y, para conocer el número de externos en las consejerías y las empresas de la conocida como «administración paralela», el Sindicato de Funcionarios ha tenido que acudir hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha avalado su derecho de acceso a información.

Pero hay muchas más aristas de profunda opacidad. Un clarificador ejemplo es el de un contrato de más de 47 millones de euros que adjudicó la extinta Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), ahora Empresa de Medio Ambiente y Agua (Amaya), dependiente de la Consejería de Agricultura. Este contrato lo licitó la Junta en agosto de 2007. Apareció un anuncio en el BOJA el día 29 de ese mes y en el BOE, dos días antes, el 27. Sin embargo, la publicación de la adjudicación se produjo en el BOE superados los cinco años: el 18 de diciembre de 2012. En el boletín oficial de la comunidad aún no hay rastro.

En la licitación, Egmasa anunció un «contrato de suministros de vehículos mediante la modalidad de renting» y la «gestión de combustible de los vehículos contratados». El plazo de ejecución era de tres años y el presupuesto base de licitación de los dos lotes (renting y gestión de combustible) ascendía a 60.201.061,48 euros.

Finalmente, la adjudicación se produjo el 19 de diciembre de 2012, a la UTE Universal-Carsan-Bujarkay, por un importe total de 47.079.010,82 euros. El lote dos, de gestión de combustible, quedó desierto.

¿Por qué la Junta publica la adjudicación de este contrato de tanta envergadura –el montante supera lo que cuesta la financiación de las becas 6.000 durante un año (41,2millones)– con un lustro de retraso, dos años después de que acabara la prestación del servicio?

Es la pregunta que este periódico ha trasladado durante dos semanas, telefónicamente y por escrito, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que dirige Luis Planas, a la que también ha solicitado otros datos de índole pública, como las otras empresas que concurrieron al concurso o los detalles del contrato: número, modelo de coches o cláusulas de la UTE. Como el contrato no obtuvo publicidad a través de la Plataforma de Contratación de la Junta, sólo la Consejería de Agricultura tiene los datos. En otros casos sí se detalla el pliego de condiciones en la Plataforma de Contratación. Recientemente este periódico daba cuenta de los detalles del pliego de condiciones de un contrato de 430.000 euros de coches de alquiler para la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa), también dependiente de la Consejería que dirige Luis Planas.

La Consejería de Agricultura se niega a facilitar a este medio de comunicación los detalles del suculento contrato, así como una explicación de la llamativa dilación en la publicación de la adjudicación. La Agencia de Medio Ambiente y Agua, a la que también pidió datos LA RAZÓN, se desentiende.

La Ley de Contratos del Sector Público deja claro en su artículo 138.2 que «cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el caso de contratos de gestión de servicios públicos», debe publicarse en el BOE o en los boletines de las comunidades un anuncio con la adjudicación «en un plazo no superior a 48 días». En este caso, han pasado cinco años.

La Cámara de Cuentas ha reprochado al Gobierno andaluz en numerosos informes que o bien publica tarde las adjudicaciones contractuales o que ni siquiera las publica.

El contrato «del lustro» de la agencia de Medio Ambiente

1.- La publicación de la licitación se produjo el 29 de agosto de 2007 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El 27 de agosto, la Junta también lo publicó en el BOE. En un primer momento la cuantía superaba los 60 millones de euros.

2.- La Junta publica en el BOE la adjudicación el 18 de diciembre de 2012, pese a que se produjo el 19 de diciembre de 2007, cinco años después. En el BOJA no hay rastro de esta adjudicación ni tampoco en la Plataforma de Contratación de la Junta.